CARACAS. La concesión del arresto domiciliario al líder opositor venezolano Leopoldo López ha abierto una nueva fase de las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. El objetivo del presidente era desinflar la oleada de movilizaciones que ayer cumplió 100 días. Pero la oposición redobla ahora el pulso al Gobierno exigiendo la liberación de todos los presos políticos encarcelados. Esa es una de las reivindicaciones de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que busca frenar la convocatoria de las elecciones constituyentes fijadas para el día 30.
La oposición volvió ayer a concentrarse en Caracas para celebrar un ciclo ininterrumpido de manifestaciones que se inició cuando a finales de marzo el Gobierno de Maduro decidió dejar sin competencias al Parlamento, donde el chavismo está en minoría. Los cuadros y los simpatizantes de la MUD quieren demostrar que la presión social sigue intacta y que no se conforman con la excarcelación de López. El exalcalde del municipio caraqueño de Chacao pidió el sábado continuar la lucha y aseguró que no se da por vencido. “Reitero mi compromiso de luchar hasta conquistar la libertad, pueblo de Venezuela”, dejó claro en un mensaje leído por Freddy Guevara, miembro destacado de su formación, Voluntad Popular.
Esa lucha encierra una exigencia inmediata. Es decir, que Maduro ceda y se avenga a liberar a los presos políticos que siguen en la cárcel como condición para tratar de encauzar un diálogo nacional. “En Venezuela no deben existir presos políticos. Leopoldo está en su casa, está fuerte, está firme, pero recordando cada situación que vivió en Ramo Verde. Fue muy duro estar en la cárcel de Ramo Verde”, aseguró a través de Twitter la esposa de López, Lilian Tintori.
A esa petición se sumó el sábado la fiscalía, encabezada por Luisa Ortega Díaz, convertida en la máxima representante del chavismo crítico. El ministerio público solicitó la revisión de penas para tres dirigentes opositores: los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballos y el activista Lorent Gómez Saleh.
Agendas opuestas
La posibilidad de que la tensión disminuya en las próximas semanas choca, no obstante, con el mismo calendario político. El Ejecutivo comenzó de forma oficial durante el fin de semana la campaña electoral para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente, un proceso que la oposición rechaza por tener unas reglas del juego que benefician al oficialismo y que está fijada para el día 30. Incluso los sectores críticos del chavismo, con la fiscal rebelde a la cabeza, quieren paralizar esa convocatoria al considerar que supone una traición al legado del expresidente Hugo Chávez.
En este contexto, la oposición celebrará el próximo domingo un plebiscito para que los venezolanos se pronuncien sobre esos comicios y busca ahora movilizar al mayor número de ciudadanos. Hoy lo hará por las calles, en medio del tráfico. “Llamamos a todos los venezolanos a que nos preparemos para que mañana [por hoy] de 12.00 a 14.00 podamos realizar este “trancazo” con pancartas alusivas al proceso de la consulta soberana del domingo 16 de julio”, afirmó el diputado de la MUD Juan Andrés Mejía. Este portavoz explicó que las votaciones de esa consulta se desarrollarán entre las siete de la mañana y las cuatro de la tarde. En Venezuela, se instalarán 1.933 “centros de votación” y también habrá mesas electorales en unas 220 ciudades del exterior. En la papeleta figurarán tres cuestiones. Además del proceso constituyente, la oposición preguntará sobre el papel que según los venezolanos deben desempeñar los funcionarios y las Fuerzas Armadas y otra sobre la renovación de los poderes públicos. Y los dirigentes de la MUD están determinados a seguir adelante con la celebración del plebiscito aunque el régimen haya asegurado que este referéndum carece de legitimidad.
El enfrentamiento entre las dos partes alcanzó la semana pasada un momento de máxima tensión cuando grupos de choque del chavismo trataron de amedrentar a la oposición irrumpiendo en el Parlamento, hiriendo a diputados y visitantes que habían acudido a la conmemoración del día de la independencia.
Ese episodio violento evidenció, no obstante, las grietas del oficialismo, cada vez más claras. La condena por el ataque a la Asamblea Nacional fue prácticamente unánime a escala internacional, y en Venezuela unió a las voces que reivindican el chavismo de los orígenes y a los líderes y simpatizantes de la oposición. Varios exministros del Gobierno de Chávez se apresuraron a tomar distancia con los matones, que entraron en la Cámara armados con palos y cuchillos.
La disputa por la herencia simbólica del expresidente Chávez resulta decisiva en los sectores vinculados a los anteriores Gobiernos. Sus reivindicaciones coinciden cada vez más con las de la oposición, que además de la liberación de los presos políticos reclama la libre celebración de elecciones, el pleno reconocimiento de la Asamblea y el establecimiento de un canal humanitario para que alimentos y medicinas lleguen al país, golpeado por una dura crisis de desabastecimiento. (EL PAIS/LA NACIÓN )
