LA HABANA, Cuba.- Después de la inyección de poco más de doscientos autos y un centenar de ómnibus ligeros a las cooperativas de ruteros, pertenecientes al sistema de transporte público de la capital, no es difícil hacernos la pregunta sobre lo que sucederá en poco tiempo con los llamados “almendrones”.

A las claras, han sido sentenciados a muerte. La crisis del petróleo, la ofensiva contra los expendedores de combustible clandestinos, más la intervención del gobierno en las regulaciones sobre las rutas y precios hace solo unos meses atrás, comenzaron la batida contra los llamados “boteros” o taxistas particulares.

Sin embargo, el capítulo final de este calvario aún no ha sido puesto en marcha. Se espera que muy pronto la elevación de las exigencias sobre el estado técnico de los automóviles saque de circulación más del 80 por ciento de los vehículos que hoy poseen licencia para el transporte de pasajeros, la mayor parte de ellas obtenidas mediante soborno.

No haría falta una legislación nueva. Las disposiciones recogidas en el actual Código de Vialidad y Tránsito (Ley 60), en sus títulos II y III, serán suficientes para que los inspectores desempeñen bien el papel de verdugos cuando ya todo el parque vehicular que se tiene planificado se encuentre en explotación y haya concluido la fase experimental de las nuevas cooperativas de transporte.

Hasta este punto, pudiera decirse que los planes del Ministerio de Transporte surtirán efecto y que, al final, esos dinosaurios tecnológicos altamente contaminantes y culpabilizados por el gobierno del robo de combustible en las empresas estatales, desaparecerán del cuadro familiar cubano donde son una figura molesta al no proyectar una imagen de prosperidad y sostenibilidad.

Pero la estrategia exterminadora, como suele suceder en Cuba, pudiera resultar fallida y terminar convertida en un catalizador del desastre actual al no ser capaz de articular una maniobra segura contra la corrupción que azota toda la estructura económica estatal vinculada al transporte, los combustibles, la importación y distribución de piezas de recambio, más el sistema de inspección y certificación, terrenos pantanosos donde poco o nada pueden la ingenua o cómplice “voluntad política” de los dirigentes e instituciones encargados del control y fiscalización.

Es como preguntar quién le coloca el cascabel al gato. Combustible y piezas de autos son, quizás, los componentes más complejos de ese entramado de ilegalidades que comienza y termina en las empresas estatales.

Teniendo en cuenta solo aquellos casos que han trascendido a la opinión pública, la mayoría a través de la prensa independiente, tan solo desde el año 2006 hasta la fecha, combustible y piezas han sido los ingredientes principales en nueve de cada diez casos de corrupción donde están implicados altos funcionarios incluso de las Fuerzas Armadas y del propio Ministerio del Transporte. (CUBANET/LA NACIÓN)