Opinión

LA OBJETIVIDAD: ALGO INEXISTENTE EN LA NORMA LEGAL…

Por: Mario Ponce Lavalle – Quito

Empezando por el torpe mamotreto llamado Constitución de Montecristi, que rige el destino del país desde 2008, constituye la razón fundamental para que hoy, veamos los más aberrantes e ignominiosos fallos en las Cortes de Justicia, cuyo absurdo legal y decisiones anti natura, no llega a comprender el ciudadano común; consiguiendo solamente que quede flotando en el ambiente, la percepción de torpeza, ignorancia, colusión o el ya clásico soborno, que justificaría tales actos incomprensibles…

Una muestra palpable de esta ineptitud, y muestra de poco profesionalismo en materia constitucional -por parte de quienes dirigieron la redacción de este malhadado documento de Estado- es haber requerido de 444 artículos, más varias Disposiciones Transitorias, para poner en circulación este “libraco”. (La Constitución española, por ejemplo, tiene tan solo 169 artículos, cortos y precisos…)

Su pobrísimo nivel de redacción y apego gratuito a torpes modismos que destrozan al bello idioma Español, es superado solamente, por la primitiva y nada elocuente forma de expresarse en la Cámara, por parte de casi todos nuestros legisladores; afectos a doblegarse ante aquella estupidez idiomática del “todos y todas…y todes…” complejo impulsado por la concubina de aquel comunista español, llamado Pablo Iglesias: uno de los beneficiarios, a los cuales pagó soterradamente el correísmo, para “redactar” aquel mamotreto constitucional montecristense; y de paso, indicarles también, cómo “se mete la mano a la justicia”, como efectivamente después lo hicieron sin pudor…

Hoy, la ciudadanía, clama por Justicia y por menos violencia en las calles -principalmente en las de Guayaquil- y esto será imposible de conseguir, si las absurdas leyes siguen siendo: PROTECTORAS Y TOLERANTES CON LOS DELINCUENTES, ¡MULAS DEL NARCOTRAFICO Y LADRONES…!

Países con alto nivel de desarrollo social y con ejemplar control de la violencia -como es el caso del Canadá- basan la acción constitucional de su Policía, sobre el concepto de que: la policía SIEMPRE, debe tener en su mano, no solo un poder de fuerza y fuego, superior al que tienen los delincuentes, sino también, una norma legal que los acompaña y apoya, pues dice: “…que CUALQUIER CIUDADANO QUE ESTÉ ARMADO, a menos de 30 mts. de un policía, PUEDE SER ELIMINADO por el agente del orden…”

Así lo disponen las Leyes, sin mediar disculpas ni avisos, ni argumentos en contrario…

Resultado: ¡los criminales y narcos, SABEN a lo que se atienen… y la sociedad consigue paz y orden…!

Aquí, estamos viviendo casos lacerantes, como ha sido el incomprensible fallo de enviar a la cárcel al policía Santiago Olmedo, y dejar en la calle a los delincuentes asaltantes… todo, porque el policía Olmedo EVITÓ que estos asaltantes depravados, continúen su intento de matar y/o secuestrar a un menor de edad…

Las autoridades y los jueces consumen horas y horas discutiendo nimiedades: que si seria de lejos, que si les dispararon por la espalda, que si fue con permiso… que si fueron 7 o 10 balas las disparadas, y tantas otras idioteces, que desvían el TEMA REAL: unos criminales, arma en mano, tenían retenido a un ciudadano menor de edad, ¡con peligro inminente de muerte…! ¡O de secuestro…!

¿Qué más necesita saber un policía o un juez, para poder actuar? ¿Acaso no es este, un escenario que propicia la OBLIGACIÓN de utilizar su arma de dotación al policía, y neutralice a estos energúmenos?

¡La Policía y el Ejército TIENEN QUE ACTUAR, y hacer sentir el peso de su autoridad… y no se puede encarcelar policías y liberar a narcos…! ¡Eso NO ES racional…! ¡Eso DEGENERA a nuestro país…! ¿acaso no lo están viendo?

Les parece, que podemos avanzar en cortar los actos de robo a los recursos del Estado, si la Ley actual, permite castigar a los gerentes de las empresas ladronas (caso Arroz Verde), ¡y NADA PASA respecto de la empresa defraudadora en sí misma…! que sigue haciendo contratos con el Estado, y haciendo de las suyas; debido a que “como la empresa es una persona jurídica, la Ley considera que esta no puede robar…” ¡Mientras el encarcelado -generalmente el socio mayoritario de estas empresas ladronas- sigue forrándose de dinero mal habido, mientras se encuentra encarcelado…! ¿Es esto lógico?

Los «comunistoides» que andan por ahí pregonando los DDHH que debemos guardar hacia los criminales, deben primero pensar, en la sanidad mental de las familias normales y en los ciudadanos de nuestro país, ¡víctimas inocentes de la violencia y del hampa en las calles…!

Sería maravilloso proponer unas enmiendas a la Ley que digan algo como esto: “…Cualquier ciudadano armado, que atente de cualquier manera contra la integridad de otro ciudadano, o que, ingrese irregularmente a cualquier vivienda, local de comercio, o instalación pública, podrá ser neutralizado y sometido por la fuerza policial o de FFAA, de la manera y forma que estas consideren adecuadas; hasta someterlo o darlo de baja…”

Y otra que diga: “…Cualquier ciudadano, podrá ejercer legítimamente el derecho a su defensa, utilizando un arma de fuego, contra sujetos que vulneren el perímetro de su vivienda, local de comercio, u oficina; siempre y cuando el arma en mención, se encuentre registrada ante las autoridades encargadas de ese control…”

Y contra los ladrones: “…Si el Representante Legal de una empresa, es sentenciado por acciones de robo al Estado, su representada (la empresa) será cesada ipso facto, en la lista de proveedores o contratistas del Estado…”

¿Será esto muy difícil? ¿A quién se afecta y a quien se protegería con leyes así? ¿O nos resignamos a quedar para siempre en manos de los corruptos?