En dos años y medio, Ecuador ha estado 846 días en estado de excepción, casi el mismo tiempo que Daniel Noboa lleva en el poder. En este periodo, el presidente ha restringido por 272 días la libre movilidad de la gente, decretando siete toques de queda, que el Gobierno ha mantenido como su principal estrategia para enfrentar la violencia. Para las autoridades, el supuesto éxito de la iniciativa se mide en personas detenidas: en los 15 días del toque de queda de marzo pasado se aprehendió a 1.283 personas por infringir la medida y se contuvieron los homicidios casi un 30% durante la madrugada.

Aun así, el país atraviesa su séptimo toque de queda desde que este gobierno asumió, y aunque los voceros del Ejecutivo lo anuncian con antelación, hay quienes apenas se enteran de que otra vez su rutina diaria se verá alterada. Como Vanesa Cervantes.

Cervantes vive en uno de los barrios más peligrosos de Guayaquil, a orillas del estero Salado. Allí, algunas temporadas se parecen más a una guerra. Balaceras a cualquier hora, robos constantes, una tensión que parece no tener fin, y que nunca permite bajar la guardia. Para ella, la vida en el barrio se traduce en una sola regla: no ver, no escuchar, no hablar con nadie. En zozobra constante. Los toques de queda, dice, no han significado más seguridad. Observa a sus vecinos —los que salen a trabajar muy temprano— encerrarse antes de que caiga la noche, pero nunca ve patrullas militares o policiales rondando por las calles.

Para Cervantes, un nuevo toque de queda es ya la nueva normalidad, aunque altere la rutina diaria. “Los buses pasan casi una hora más tarde del horario y hay que pelear por un puesto para subir, porque todos vamos tarde al trabajo”, explica. Además, debe incurrir en gastos inesperados en taxis para llegar a tiempo.

En las nueve provincias y cuatro ciudades donde rige el último toque de queda, la vida se ha transformado. El transporte público comienza a circular más tarde, y solo ese cambio ha modificado la jornada de la gente. En Quito, por ejemplo, los colegios han tenido que flexibilizar su horario de entrada. Los negocios que funcionaban hasta tarde ahora deben guardar todo con mucha antelación, porque deben considerar el tiempo que toman los trabajadores para regresar a sus casas. Lo mismo han hecho los cines, teatros, restaurantes y locales de ocio. Hay actividades que han debido ser canceladas por el temor a que la gente no asista.

El comercio nocturno, los servicios de logística y el transporte de carga también han sido golpeados directamente por la prohibición de movilizarse entre las 23.00 y las 05.00. Ese es justo su horario de operación. Durante el día, los camiones tienen prohibido circular por las zonas urbanas en la mayoría de las ciudades. Desde la implementación de la medida, muchos de los transportistas que viajan hacia Pichincha —la única provincia andina que está en toque de queda— se quedan varados en la frontera de esa zona y deben dormir en los tráilers, expuestos al riesgo de la carretera. Todo se pausa y se acelera dentro de las 18 horas en las que está permitido circular en Ecuador.

Cervantes ha aprendido a ajustar su rutina a esa nueva normalidad: salir del trabajo y regresar al encierro. Ya ha asimilado que en Guayaquil —una de las ciudades más peligrosas del mundo— hay que convivir con la violencia. La socióloga Natalia Sierra considera que esa “normalización” es producto del agotamiento de la población, no solo por la violencia de los grupos criminales, sino también por una violencia estatal. “Tiene que ver con una estrategia inconsciente de resistir; si no lo hacemos así, si vivimos conscientemente esta presión de violencia, puede llevarnos a una crisis psiquiátrica”, cree la experta.

Esa rutina de autoprotección se ve en pequeños gestos y automáticos como caminar con el bolso o la mochila apretados contra el pecho, o evitar hablar por teléfono en la calle, desconfiar de quien está al lado, de quien mira mucho o de quienes van en motocicleta. Cervantes dice que, con el tiempo, incluso ha aprendido a identificar patrones del comportamiento delincuencial. Por ejemplo, los días 15 y 30 de cada mes, cuando las empresas pagan salarios, nadie carga objetos de valor. “Los ladrones saben que ese día quienes trabajamos recibimos nuestro sueldo, así que son los peores días para estar en la calle o subirse en un bus con dinero o el teléfono”, describe. Ella deja todo en casa, apenas lleva consigo una mochila liviana, con alguna camiseta o billetera vacía, que simule que lleva algo, porque incluso no tener nada que entregar puede provocar que los criminales se alteren y se tornen violentos.

“Hemos normalizado un estado permanente de vigilancia”, dice Sierra. “La ansiedad de caminar mirando hacia atrás, comprobar a cada rato si alguien nos sigue, tocar el bolso para asegurarse de que sigue ahí. Vivimos atentos a cada movimiento. Y cuando eso se vuelve cotidiano, lo que realmente se normaliza es la violencia”.

En los últimos cinco años, la violencia en Ecuador creció de manera abrupta. El país pasó de tener una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina a superar los 50 crímenes por cada 100.000 habitantes en 2025, el año más violento de su historia.

Este repunte coincide con un contexto regional en el que la inseguridad y la violencia presionan a los gobiernos latinoamericanos a implementar medidas más duras para enfrentar el flagelo. Al mismo tiempo, la política antidrogas de Washington ha encontrado en el gobierno de Noboa un aliado estratégico. Entre las operaciones conjuntas más controvertidas están los ataques aéreos y marítimos en aguas ecuatorianas.

En lo que va de 2026, pescadores de tres embarcaciones han denunciado que fueron bombardeados por drones y capturados por “gringos”. Los ataques han dejado 38 supervivientes y ocho desaparecidos. El gobierno de Ecuador no ha negado que Estados Unidos esté realizando operativos en aguas ecuatorianas, pero tampoco ha confirmado los bombardeos.

Para Sierra, en Ecuador no existe un plan de país sobre qué tipo de seguridad se busca. A veces incluso piensa que el gobierno no quiere combatir la violencia ni el miedo que esta provoca en la población, un miedo que mantiene a la gente “quieta”, asegura. “El miedo es un dispositivo de control. Moviliza a las personas hacia donde el poder quiere, para ejecutar proyectos de su interés. Porque el miedo paraliza, y parte de eso es la normalización de la violencia”, añade.

Cervantes, en cambio, ya ni se interesa en los resultados del séptimo toque de queda impuesto en los últimos años. Tampoco cree que esta vez le devuelva la tranquilidad que alguna vez tuvo. Sobre todo porque, en la primera semana desde que empezó la medida, no ha pasado un solo día sin que el silencio del encierro se rompa abruptamente en varios barrios de Guayaquil por balaceras después de las 5.00 de la mañana, justo cuando se levanta el toque de queda. La rutina de miedo y alerta nunca descansa.

 

 

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