Actualidad

La milicia deja al borde de la prescripción la investigación sobre el daño al radar

Seis meses después de explosión del radar de Montecristi aún se desconoce quiénes fueron los responsables.

 El radar que serviría para el control del espacio aéreo, en especial para detectar las aeronaves clandestinas relacionadas con el narcotráfico, definitivamente desaparecerá.

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) instaló el sistema de vigilancia en el cerro de Montecristi, en octubre de 2021, pero el artefacto dejó de funcionar el 7 de noviembre de ese año por una explosión. Ahora será trasladado al Centro de Mantenimiento de Radares que opera en la Base Aérea de Latacunga (Cotopaxi).

El agente fiscal Carlos Piedra Garaicoa, de la Fiscalía Provincial de Manabí, dentro de la investigación previa No.130901821110012, realizó, mediante acta entrega-recepción, la devolución del Sistema Radar LTR-20 S/N  1580003 p/n 011571200010. Fue el 14 de abril de 2022, a las 15:00, en Montecristi.

El documento de “custodia de los bienes estratégicos, registros, archivos e inventarios”, fue suscrito entre Piedra Garaicoa y el brigadier general Geovanny Espinel, quien hasta ese momento se desempeñaba como Comandante de la  FAE.

La  devolución del ‘Sistema Radar LTR-20’ se realizó “bajo los  preceptos legales, con la condición de que lo vuelva a presentar cuando el fiscal lo requiera, bajo apercibimiento de apremio personal en caso de no hacerlo”, dice el documento de la Fiscalía de Manabí.

El traslado del equipo militar a Latacunga se resolvió después de que el 4 de abril de 2022 -durante una rueda de prensa-  el entonces Comandante de la FAE argumentó que la humedad podría dañar los elementos que todavía se encuentran en buenas condiciones. Los técnicos deberán realizar el análisis de cada una de las tarjetas que permiten su funcionamiento para determinar el estado en el que se encuentran.

Cinco meses después de la explosión del radar, el entonces Comandante de la FAE descartó  -en esa misma rueda de prensa- que el daño se hubiese producido por una falla interna en el artefacto. Un elemento externo habría ocasionado el daño. La Junta Investigadora de Accidentes (JIA), conformada el 9 de noviembre de 2021 para determinar las causas del daño, determinó que la explosión se produjo por un elemento externo o ajeno a cualquiera de los componentes del radar.

El proceso investigativo iniciado por las Fuerzas Armadas, el 7 de noviembre, para determinar responsabilidades empezó con una denuncia en Fiscalía, que aún mantiene abierta una indagación. “Ellos realizan los procesos correspondientes y nosotros estamos a la espera de que culminen para tomar las acciones correspondientes a nivel interno”, informó Geovanny Espinel en esa ocasión.

Mientras tanto, en las filas de la FAE avanzan procesos administrativos disciplinarios para 25 militares de la FAE por presuntas fallas en la toma de decisiones en el ámbito de la seguridad física. De ellos, 16 son oficiales y nueve son servidores aerotécnicos.

Al filo de la impunidad

Seis meses después de ocurrida la explosión (7 de noviembre de 2021), todavía se desconoce quiénes serían los responsables para aplicar eventuales sanciones.

Existe el riesgo de que el proceso interno quede en la impunidad. El artículo 123 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento de Disciplina Militar vigente señala que “la facultad de sancionar una falta prescribirá en los siguientes plazos, contados desde la fecha de su cometimiento (…) o desde la fecha en que fue descubierta siempre y cuando no haya transcurrido más de seis meses desde el cometimiento de la falta”.

‘Salieron sin rendir cuentas’

A Bertha García, especialista en temas militares y de seguridad, le preocupa que no avancen las investigaciones.  Esto a propósito de que puedan cumplirse los plazos para la investigación interna por ese artículo de la Ley de Disciplina Militar. Asegura que la cúpula de las Fuerzas Armadas (excepto la Fuerza Naval) que fue removida por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el jueves  5 de mayo de 2022, se fue “sin rendir cuentas”.

A criterio de la analista “esto es grave”. De hecho, considera que hay que exigir cuentas de este proceso a los oficiales que salieron de sus cargos por disposición del jefe de Estado, entre ellos el excomandante de la FAE, Geovanny Espinel, y al entonces comandante del Ejército, Fabián Fuel.

La especialista lamentó que en esta investigación no haya certezas. “Incluso, el Presidente de la República tiene la responsabilidad de hacer que las cosas se aclaren a tiempo porque eso, a la larga, va en contra de las Fuerzas Armadas que siempre están interesadas en precautelar el honor”, expresó García.  “¿Ahora quién va a responder en ese tema?”, cuestionó.

García cree que la responsabilidad del nuevo Mando militar tiene la oportunidad de contribuir con la Justicia aclarando el caso, sin cerrar ‘páginas’ y evitar “poner tierra sobre las malas decisiones”. (SC)

Los costos de un nuevo radar 

Una fuente militar que pidió el anonimato señaló que el radar que explotó en Montecristi está valorado en $12,5 millones, incluyendo el seguro. Un equipo nuevo, en cambio, está en unos 16 millones, es decir, automáticamente el Estado perdería $3.5 millones al reemplazarlo.

El problema -dijo la fuente- es que en la póliza se establece que cuando el daño es provocado por un atentado o un acto terrorista, el seguro solo paga $5 millones.  “Estamos hablando de un daño de 11 millones de dólares”, asegura la fuente. La fuente militar consultada -que conoció el trabajo a la comisión investigadora- puntualizó que el daño del radar es en los sistemas electrónicos y que llegaría a un 80% del sistema. Eso equivale a unos $9 millones.

“Lamentablemente, para el país, en este tema de seguridad se ha pasado la página.  La responsabilidad del nuevo Mando militar es contribuir con la Justicia”,

 Bertha García, especialista en temas militares y de seguridad.

 

 

 

Diario La Hora