Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

Uno de los mayores triunfos de la propaganda política consiste en convencer a una parte de la sociedad de que toda condena judicial contra un dirigente político constituye, por definición, un acto de persecución. Es una estrategia tan antigua como eficaz: sustituir el debate jurídico por el victimismo político.

En el Ecuador, ese relato ha sido utilizado de manera sistemática para intentar desacreditar las decisiones de la justicia cuando estas afectan a quienes ejercieron el poder.

El caso del expresidente Rafael Correa Delgado constituye el ejemplo más representativo.

Durante años se ha repetido que fue condenado por un supuesto «influjo psíquico», como si aquella expresión constituyera un delito inexistente inventado por los jueces. Nada más alejado de la realidad jurídica.

Rafael Correa fue condenado por el delito de cohecho agravado. El denominado «influjo psíquico» no fue el tipo penal por el cual se dictó la sentencia, sino una expresión utilizada dentro de la motivación jurídica para explicar la forma de participación atribuida al entonces Presidente de la República, basada en la teoría de la autoría mediata por instigación, ampliamente desarrollada por la doctrina penal moderna para analizar la responsabilidad de quienes, desde posiciones de poder y mando, hacen posible la ejecución de delitos sin intervenir materialmente en cada uno de ellos.

Podrá discutirse si esa interpretación fue acertada o no. Ese debate es perfectamente legítimo dentro del derecho. Lo que resulta inadmisible es deformar deliberadamente el contenido de una sentencia para construir una narrativa política de persecución.

Las sentencias judiciales no se leen por titulares ni por consignas. Se analizan en su integridad, examinando los hechos probados, las pruebas actuadas, la fundamentación jurídica y la aplicación de la ley.

Confundir la motivación de una sentencia con el delito por el cual se condena demuestra, en el mejor de los casos, un profundo desconocimiento jurídico; en el peor, una calculada estrategia de desinformación.

Aceptar que toda decisión judicial contra un político constituye persecución equivale a sostener que quienes ocupan las más altas dignidades del Estado deberían gozar de inmunidad permanente. Ese criterio destruye el principio republicano de igualdad ante la ley.

En una verdadera democracia no existen ciudadanos intocables. El poder no confiere privilegios penales. Al contrario, mientras mayor es la responsabilidad pública, mayor debe ser la obligación de responder por los actos de gobierno cuando existen evidencias de infracciones a la ley.

Ningún Estado serio puede combatir la corrupción si cada sentencia termina convertida en una campaña internacional de victimización política. Tampoco puede consolidarse una justicia independiente si cada juez que dicta una resolución incómoda es inmediatamente acusado de servir a intereses políticos.

Ello no significa que toda sentencia sea infalible. La justicia puede equivocarse y precisamente para ello existen los recursos procesales, los tribunales superiores y, cuando corresponde, los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Pero una cosa es cuestionar jurídicamente una sentencia y otra muy distinta es negar su existencia o tergiversar su contenido para alimentar un relato político.

La democracia no necesita mártires fabricados. Necesita instituciones fuertes, jueces independientes y ciudadanos capaces de distinguir entre una diferencia ideológica y una responsabilidad penal.

La corrupción no tiene color político. No distingue entre izquierda o derecha, entre gobiernos populares o impopulares. Lo único que distingue es el respeto o el desprecio por los recursos públicos y por la confianza que la ciudadanía deposita en quienes gobiernan.

Quienes ejercen el poder deben comprender una verdad elemental: el mandato popular jamás ha significado licencia para actuar al margen de la ley. Los votos legitiman el acceso al poder, pero nunca otorgan impunidad.

Cuando una sociedad comienza a creer que toda condena contra un gobernante es persecución política, deja de defender la democracia y empieza a justificar la impunidad. Y cuando la impunidad se convierte en norma, el Estado de derecho deja de existir.

La justicia puede ser discutida, criticada y perfeccionada. Lo que nunca debe aceptarse es que sea reemplazada por la propaganda. Porque el día en que el relato político valga más que las sentencias, la verdad jurídica habrá sido derrotada por la manipulación.

Semper Fi