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La Judicatura no cuenta con espacio físico para los nuevos los juzgados de materia constitucional

La creación de tribunales especializados en materia constitucional es uno de los desafíos que enfrenta el Gobierno Nacional y el Consejo de la Judicatura (CJ) tras el triunfo del SÍ en la pregunta número 2 de la última consulta popular del pasado 21 de abril.

El propósito es poner fin al abuso de las garantías constitucionales, especialmente porque narcotraficantes, delincuentes comunes, servidores públicos, exfuncionarios públicos y políticos se han beneficiado desproporcionadamente de estos procedimientos.

Por ejemplo, según los constitucionalistas, en 2022, el exvicepresidente Jorge Glas Espinel recibió un habeas corpus que le permitió salir de la cárcel de Cotopaxi, otorgado por el juez Diego Moscoso de Manglaralto, en la provincia de Santa Elena. En ese momento, surgieron críticas debido a que el juez no tenía competencia para conceder ese habeas corpus, pero lo hizo a pesar de los fuertes cuestionamientos.

Otros nombres que se hicieron notorios ante la opinión pública incluyen a Banny Molina, Emerson Curipallo y Jhon Rodríguez, entre otros. Por esta razón, en 2023, la Fiscalía General emitió un comunicado indicando que durante la administración de Diana Salazar Méndez se presentaron 43 acciones disciplinarias contra funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura (CJ), de las cuales al menos 20 correspondían a jueces.

Según datos del CJ, desde 2018 hasta el 31 de enero de este año, los habeas corpus y las acciones de protección son las medidas más concedidas, habiendo aumentado en más del 100% y 200%, respectivamente. En 2018, se solicitaron 4.405 acciones de protección, cifra que ascendió a 18.185 en 2023. En cuanto a las solicitudes de habeas corpus, en 2018 hubo 905, mientras que el año pasado se registraron 2.017.

El presidente del CJ, Álvaro Román Márquez, manifestó que se mantiene diálogos con el Ministerio de Finanzas para definir el tema presupuestario: más de 13,8 millones. También falta infraestructura para las nuevas oficinas. “En el Complejo Judicial Norte (en Quito) ya no tengo espacio para ubicarlos. Hicimos un estudio y presentaremos un proyecto y ver elementos para ir mejorando”.

Se requieren nuevos edificios, lo cual implica altas sumas de dinero. “Vamos a ver si los arrendamos y ver en lo que nos tendremos que poner de acuerdo con Finanzas”. Al momento, todavía no se ha visto lugares para que funcionen las nuevas judicaturas en materia constitucional. Se espera si se puede hacer gestiones con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) para ver si se dona, vende o lo que se pueda hacer.

“Se habla de USD 4 o 5 millones solo en tecnología, infraestructura, sillas y demás inmobiliario”, explicó Román. Calcula que durará un año el proceso de implementación completa de los nuevos juzgados. Ese es el plazo para organizar.