Opinión

La irracional eliminación del Fondo Sojero

El Fondo Sojero fue creado en 2009 asignando al mismo el 30 por ciento de lo recaudado mediante las retenciones sobre las exportaciones de soja y distribuido entre las provincias; pero a mediados de agosto fue eliminado mediante el decreto Nº 756. Como fundamento de esta medida, se expuso que las provincias sólo percibían el equivalente al 25 por ciento del sumatorio de tributos nacionales coparticipables mientras que en la actualidad esa proporción ha crecido a un tercio. Dado que dichos fondos tenían como destino final los municipios, lógicamente esa decisión inconsulta generó en ellos un justificado coro de protestas.

Los intendentes, especialmente de pueblos y ciudades menores, plantearon al unísono que se violó flagrantemente una norma ínsita en el pacto fiscal y que dicho recurso es de vital importancia para mejorar tanto las condiciones de vida como la existencia de servicios públicos considerados esenciales. Además, advirtieron que los fondos percibidos en concepto de coparticipación federal se licuan por efectos del intensificado proceso inflacionario. Incluso señalan que eso se hizo sin siquiera advertirlo y que en muchos municipios del país adquirieron máquinas viales y otros equipamientos que ahora no podrán pagar creando un problema que se les torna insoluble. Desde el punto estrictamente jurídico objetan que por medio de un simple decreto se pretende anular a mitad de ejercicio lo que fue legalmente autorizado al comienzo del mismo.

Explican que con esos recursos se han mejorado los caminos de tierra, dotándolos de cunetas de hormigón dado que son arterias vitales por la que se transporta la producción vegetal; además que esa disposición de ingresos permitía mantener e incluso mejorar las rutas secundarias. Una alta proporción de intendentes de las poblaciones que se consideran directamente afectadas suscribieron una declaración en que sostienen que “la eliminación de ese fondo es preocupante pues nos deja sin recursos para obras”. La mayor coparticipación quedó licuada, no se cumplieron las metas de inflación ni de crecimiento, ni siquiera se cumplió el pronóstico respecto a la cotización del dólar. A todo ello se agrega que la mayor coparticipación nominal también se ha licuado”.

Planteos hasta ahora desoídos

Las remesas percibidas por dicho concepto habían venido transformando pequeñas poblaciones, por ello es lógico que todos sus destinatarios lamenten que se haya adoptado lo que consideran una decisión equivocada y retardataria. Por ello, advierten que no se resignarán a sufrir lo que aseguran es una imprudente arbitrariedad y han impulsado una fuerte movilización. Al mismo tiempo, una investigación logró determinar que la decisión se pergeñó en la provincia de Buenos Aires, donde con gran ligereza han considerado que se trata de un “fondo sin ninguna relevancia”, demostrando que no se trata de un simple número sino de recursos que juegan un rol muy importantes para múltiples zonas rurales y los pueblos del Interior. Los funcionarios locales consultados coincidieron en que quienes adoptaron esa medida no tienen la menor idea sobre la trascendencia que han asumido dichos recursos.

Los mismos advierten que se trata de un inadecuado recorte que perjudica a las localidades pequeñas, en mayor medida, y no hay forma alguna de compensarlo constituyéndose en “un verdadero agujero”. Sostienen además que debe corregirse de inmediato lo actuado en ese sentido para evitar en el futuro nuevos errores. Los intendentes han coincidido en considerar que se trata de un ejemplar “modelo de fondo” y que es insólito que en casos como éste tengan poder de decisión quienes no están capacitados sobre el tema, dado que parecen ignorar que durante todo el transcurso de su vigencia funcionó sin que se hayan detectado irregularidades en cuanto a la adecuada afectación de dicho recurso.

Resulta conveniente verificar que el denominado Fondo Federal Solidario surgía por medio de una acumulación diaria “por goteo” en función de retenciones que ingresaban a la Afip; y luego automáticamente se giraban a las respectivas provincias que cumplían la misión en su jurisdicción de enviarlo a las administraciones locales. “Por lo tanto, ese Fondo tenía un régimen de reparto automático semejante al de la coparticipación federal y preservados de cualquier tipo de discriminación política”; por lo cual los gobernadores de provincias no podían favorecer a ciertos jefes comunales en perjuicio de otros.

Es oportuno recordar que, trimestralmente, cada jefe de gobierno municipal debía enviar una detallada enumeración de los destinos dados a dichos fondos y, en cada semestre, ante la Dirección de Asuntos Provinciales. La inconsulta decisión de eliminar estos fondos con afectación específica se convierte en un tremendo obstáculo, porque carecen totalmente de otras fuentes sustitutas. Como reacción, el movimiento reivindicativo que se viene organizando con la presencia activa de más de 250 jefes de gobiernos municipales se muestra dispuesto a dar batalla y a no resignarse al retroceso que les pretenden imponer, pues señalan que se trata de un atentado contra el “federalismo”, advirtiendo que no están dispuestos a tolerarlo e incluso que acudirán a la Justicia.

Autor: Salvador Treber