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La fiscalización de la situación de las personas adultas privadas de la libertad avanza en la Comisión de Garantías Constitucionales

Familiares de personas privadas de la libertad (PPL) comparecieron ante la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos a exponer la situación que viven sus parientes. También estuvieron directivos de un organismo de derechos humanos y de la Fiscalía General del Estado.

Aída Pino demandó de la comisión investigar lo que ocurre en las cárceles, a partir de la intervención militar. Sugirió visitar los centros de privación de la libertad, puesto que existen casos de tortura y maltratos. También solicitó investigar las circunstancias en las que han fallecido algunos internos. Reveló que los familiares, con sus propios recursos, llevan kits de aseo y raciones alimenticias.

Manuel Minga, desde la provincia Napo advirtió que durante un mes atendieron la alimentación de sus familiares. Expresó que temen por su vida e integridad física por denunciar lo que está sucediendo en las cárceles del país y la administración de justicia. Informó que en el caso de la cárcel de Archidona existen casos de malos tratos y daños en la salud de los PPL.

De su lado, Estrella Vera se refirió a la situación en la cárcel de Esmeraldas. Afimó que hay PPL enfermos con tuberculosis, pese a lo cual no son aislados ni reciben atención médica. Coincidió con los otros comparecientes, en el sentido que dotan la alimentación a sus familiares. Exigimos que se respete el derecho a la vida, integridad personal, atención médica y a la visita de los familiares.

Gabriela Anangonó, esposa de un privado de la libertad, sostuvo que desde el 13 de enero viven una crisis carcelaria. Puso como ejemplo la cárcel de Cotopaxi, en donde hay personas enfermas con tuberculosis, hepatitis, gastritis crónicas y hasta chicas embarazadas de tres y cuatro meses. Pidió a la mesa legislativa que visite las cárceles para constatar la realidad.

A su vez, Mayra Carranza, quien tiene dos hijos privados de la libertad, denunció la falta de atención médica y malos tratos por parte de militares. Relató que durante su permanencia en la salida de Penitenciaría del Litoral ha evidenciado PPL que salen con problemas físicos. Exigió que sus familiares sean sometidos a verdaderos procesos de rehabilitación social y cumplan sus condenas con respeto a sus derechos.

Lizeth Salinas aseveró que llevan 6 meses 17 días que no pueden visitar sus familiares, violentando un derecho legítimo de reclusión. Expresó que se ha atentado contra la integridad física y mental de sus familiares que se encuentran en condiciones precarias de salud, por falta de alimentación y medicina.

Rosa Bolaños, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos hizo un llamado a tomar acciones para evitar que los organismos internacionales tengan al Ecuador bajo la lupa y emitan sentencias que obligan a reparar a las víctimas. También sugirió a la comisión articular acciones con otras instituciones del Estado y desmitificar el discurso de guerra en contra de las personas privadas de la libertad.

Los asambleístas Adrián Castro y Jahiren Noriega expresaron su preocupación por las expresiones de los comparecientes y coincidieron en la necesidad de realizar la investigación pertinente.

La presidenta de la comisión, Paola Cabezas manifestó que existe el compromiso de llevar la investigación hasta las últimas instancias y anunció que visitarán los centros de detención para obtener la información respecto a estas “denuncias desgarradoras”.

Por último, el director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, de la Fiscalía, Alejandro Baño recordó que en 2023 creó la Unidad Epecializada del Uso Legítimo de la Fuerza, que tiene como misión investigar todos los casos del uso de la fuerza.

Reveló que la Fiscalía ha identificado vulneraciones de los derechos humanos por parte de miembros del ejército y ha emitido ciertos lineamientos para la investigación sobre torturas, a la vez aseveró que la institución trabaja para ser contundente contra la delincuencia organizada y grupos terroristas en el marco del respeto a los derechos humanos.

Así mismo, informó que han iniciado de oficio 2.024 acciones ante noticias por presuntos actos de violencia por parte ciudadanos encargados de hacer cumplir la ley, por muertes potencialmente ilícitas al interior de los centros de privación de libertad, para lo que revisarán los partes policiales, actas de levantamiento de cadáveres y autopsias. “Se recordó a las fiscalías la obligación de realizar autopsias en todas las muertes, no solo las violentas”, agregó.

Por:  Radio Huancavilca