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La Fiscalía intensifica las investigaciones sobre lavado de activos en el país

En el 2013, por lavado de activos a través del SUCRE, la Fiscalía retuvo 47 millones de dólares, mediante una autorización judicial.

QUITO. Hasta mayo del 2015, la Fiscalía General del Estado impulsa 274 procesos en investigación sobre lavado de activos y otros 11 casos se encuentran en instrucción fiscal en Ecuador.

En otros 24 casos se logró sentencia, de estos 17 se resolvieron dentro de la administración del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, entre julio del 2011 y mayo del 2015.

El lavado de activos ocurre cuando las organizaciones delincuenciales inyectan al sistema financiero de un país dinero obtenido de actividades ilícitas como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, corrupción, contrabando y hasta de tráfico de órganos. Los mecanismos para lograrlos son, a veces, inimaginables.

Las investigaciones de Fiscalía detectaron que en Ecuador, por ejemplo, se hacían en transacciones ficticias realizadas con Venezuela, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).

El fiscal Ramiro Sánchez, de la Unidad Descubrir Autores Cómplices y Encubridores dedicada a investigar los delitos transnacionales, explicó que para la limpieza del dinero ilegal, mediante este sistema de compensación, se utilizaron compañías constituidas solo en documentos o conocidas como ‘empresas de papel’.

Con estas empresas de fachada se importaron y exportaron productos como maquinaria agrícola y procesadoras de alimentos, con sobreprecios de hasta el 100%.

El Fiscal General afirmó que estos montos transferidos desde Venezuela permanecían alrededor de 72 horas en Ecuador, ya que eran transferidos a países como Estados Unidos, Panamá, Perú y Anguila (en las Antillas Menores).

Casos por el uso indebido del Sucre

Por lavado de activos, a través del SUCRE, la Fiscalía impulsa el caso ‘Escastell’, cuyos representantes están procesados. Esta compañía a su vez registra tres empresas de papel a nombre de los mismos accionistas: ‘Escastell’, ‘Prospermundo’ y ‘Necuaven’.
Las supuestas transacciones comerciales de esta empresa ecuatoriana con similares de Venezuela fueron por 15 millones de dólares. Sin embargo, en sus registros contables solo justificaron 1 millón de dólares.

El fiscal Sánchez dijo que en el caso ‘Escastell’, los tres imputados contrataron a unas 200 personas de bajos recursos económicos para que firmen comprobantes de venta y facturas y así justificar el dinero que ingresaba de Venezuela. A cambio les pagaban 30 dólares mensuales a cada uno.

Así, la Fiscalía demostró lavado de activos y este caso tiene tres sentenciados que pagarán entre 18 meses y tres años de prisión.

Igual en los casos ‘Fondo Global de Construcciones’ y ‘PifoGardens’, el lavado de dinero se realizó mediante las exportaciones irregulares a Venezuela.

El primero se encuentra en investigación previa, ya que en un primer proceso judicial se declaró la nulidad de todo lo actuado. Una jueza consideró que se violaron garantías constitucionales.

Fondo Global de Construcciones, supuestamente, se dedicaba a la construcción de viviendas con materiales prefabricados y durante las investigaciones se descubrieron datos erróneos sobre su constitución y que tampoco se dedicaba a dicha actividad.

Fondo Global de Construcciones, constituida en el 2012, registró giros con Venezuela por alrededor de 135 millones de dólares, aunque apenas mantendría pagos a proveedores por 200.000 dólares y operaciones de comercio por más de tres millones de dólares.

Mientras que en el caso de ‘PifoGardens’ se declaró la nulidad y caducidad de la prisión preventiva de cuatro procesados, en julio del 2014. Para esa decisión, el juez consideró que no se cumplieron los pasos previos para el llamamiento a juicio y no se envió a tiempo los cuerpos procesales al Tribunal.

Asimismo, en el caso ‘Coopera’ en Cuenca fueron sentenciadas dos personas a cuatro años de prisión y fue ratificado en febrero del 2015 por la Sala de lo Penal del Azuay. Otros seis procesados se encuentran prófugos.

Las investigaciones de la Fiscalía detectaron la existencia de 12 empresas ficticias que recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria e insumos agrícolas.

La Fiscalía confirmó que los productos que supuestamente se exportaban no se elaboran en Ecuador. Además que eran vendidos con precios sobrevalorados y comprobó que, entre octubre del 2012 y mayo del 2013, se hicieron 84 transacciones inusuales e injustificadas por más de 35 millones de dólares, a las cuentas de las 12 empresas a través del SUCRE.

Para Combatir el delito, Fiscalía General creó la Unidad Antilavado de Activos mediante la Resolución del 17 de octubre del 2014. El objetivo es reforzar las investigaciones y detectar la propiedad, posesión, negocios, comercio externo e interno y más actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento de delitos.

Esta Unidad fue creada en cumplimiento de la disposición general quinta de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La Unidad está conformada por 10 funcionarios dedicados a descubrir el capital financiero que ingrese a las instituciones bancarias sin justificación. Además cuenta con el apoyo de cuatro delegados de los bancos Pichincha y Pacífico.

Efraín Viera, representante del Banco del Pacífico, afirmó que esa institución financiera se revisan 500.000 transacciones diarias. Con este tipo de experiencias, la entidad bancaria compartirá las herramientas informáticas y facilitarán la logística para el trabajo investigativo.

Estas y otras acciones impulsadas por la Fiscalía son parte del cumplimiento de compromisos de Ecuador ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos.

Desde junio del 2012, el Gafi incluyó a Ecuador en la lista negra de países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Otro de esos compromisos es la aprobación de la norma legal que incluya el financiamiento del terrorismo como delito autónomo. Eso ya se concretó con el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (Fiscalía General del Estado).