Opinión

LA ESTUPIDEZ ECONÓMICA

Eco. Marco Flores T./Quito

Los reiterados anuncios del ministro de finanzas de Ecuador, comprometiéndose a impulsar con decisión la inversión social pública, el crecimiento y empleo, navegan en un limbo de promesas incumplidas, verdades a medias y mentiras.

Se anuncia, pero no se hace. Se ofrece, pero no se cumple. Mientras tanto muchísimas personas están sufriendo y otras están muriendo por destrucción de servicios públicos y falta de atención a necesidades que en Ecuador garantiza la seguridad social.

Desde hace cinco años el gobierno implementa «reformas estructurales» de letal austeridad que se traducen en despido de trabajadores, reducción sostenida del gasto social y la inversión pública, producidas en las mismas narices de resignadas familias ecuatorianas, organizaciones sociales y Asamblea Nacional. Así, mientras se encarga de «poner la casa en orden», acumula reservas internacionales y privilegia el pago de la deuda pública externa.

Pero la letal austeridad no es solo una «estupidez económica», como la calificó el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz1, responde además a poderosos intereses económicos, escondidos tras la destructiva ideología neoliberal del «Estado mínimo» y los «mercados autorregulados» que «dan confianza a los inversionistas».

Lo que viene sucediendo en Ecuador con la virtual destrucción de la inversión social pública, unida a la reducida ejecución presupuestaria de importantes instituciones públicas es inadmisible y socialmente grave, aunque para nada parezca creíble que únicamente responda a la falta de gestión de todo el Gobierno Central, justamente cuando arrecia la necesidad de recursos económicos.

La «estupidez económica» no es casual sino ideológica y parece más bien responder a una mezcla destructiva de intereses económicos, falta de gestión institucional y decisiones del ministro de finanzas de turno, impidiendo o restringiendo el flujo normal de recursos presupuestados y codificados, mientras sufre y se muere la gente. El «austericidio» y la «estupidez económica» deberían ser considerados graves delitos de Estado.