El COIP les dio nuevas herramientas de procedimiento jurídico a los fiscales del país.

QUITO. El próximo 22 de mayo, con la entrada en vigencia del Código Orgánico General de Procesos (Cogep), la estructura jurídica de Ecuador completará el cambio evolutivo. El sistema procesal escrito será reemplazado por la oralidad en las materias no penales, que son las que faltan, porque ya se aplica en el área penal.

En los últimos 4 años el Consejo de la Judicatura emprendió el camino de las reformas judiciales que fueron estudiadas, mejoradas y aprobadas por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en vigencia desde el 10 de agosto de 2014, fue innovado con tipificaciones delictuales acordes a la época. Nuevas reformas están en el tapete legislativo.

El COIP les dio nuevas herramientas de procedimiento jurídico a los fiscales del país. Además, derogó delitos caducos e incorporó otros que han surgido en el nuevo milenio, como los informáticos.

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, destacó la tipificación del femicidio y los delitos relacionados con la violencia intrafamiliar,  para lo cual se implementaron 48 oficinas en 14 provincias de mayor incidencia delictual, exclusivas para atender este tipo de denuncias.

“La Fiscalía reivindica que los delitos sexuales, contra la mujer y miembros del núcleo familiar, contra la igualdad y la discriminación, y el femicidio, están directamente relacionados a la violencia basada en género, por tanto deben investigarse especializadamente y tratarse como un problema de derechos humanos y justicia”, indicó.

Por eso, consideró que el COIP se convirtió en una herramienta efectiva que contribuye a este propósito.

Cambio innegable

Este avance normativo va de la mano con el de infraestructura, el panorama en esta área experimentó un cambio innegable. “Tenemos salas de audiencias modernas, dignas del primer mundo”, opinó el jurista Felipe Rodríguez.

Sin embargo, alegó, que aún persisten dudas sobre la idoneidad de los operadores de justicia. Esto es tarea de la Judicatura. En 2008 la situación en las cortes provinciales y juzgados de primera instancia era preocupante, por el represamiento de procesos, la falta de infraestructura física, humana y tecnológica.

Los edificios donde funcionaban los juzgados no eran adecuados y las denuncias de corrupción salpicaban a todos los niveles. La situación de la justicia era de tal gravedad que motivó al presidente de la República, Rafael Correa, a declarar la emergencia del sector el 5 de septiembre de 2011,  por 60 días.

Eso permitió que el personal de los juzgados del país se dedique a elaborar inventarios sobre las causas en trámite.

Además, los miembros y técnicos de la Judicatura comprobaron que varios juzgados funcionaban en casas arrendadas o departamentos con salas de audiencias inadecuadas; algunos usaban máquinas de escribir. Otras falencias estaban relacionadas con la capacitación de los servidores judiciales y los concursos de méritos que no existían, al igual que las evaluaciones.

En el caso de los jueces, la enorme carga procesal que tenían  también obedecía a una tasa de 4 jueces por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región en ese entonces.

Al momento el país cuenta con 2.043 jueces, es decir, 12,55 por cada 100 mil habitantes; en menos de 2 años se superó el promedio regional. También se incrementó el número de fiscales a 865, y los defensores públicos a 776.

Para 2013 ya estaban proyectadas 491 unidades judiciales y en 2014 Ecuador contaba con 853.

En 2015, a las 5 unidades de flagrancia ya existentes se sumaron otras 4, así como 2 complejos judiciales que se levantan en Quito, que se inaugurarán a mediados de 2016, similares a los de Guayas.

También se creó una plataforma informática para soportar la grabación de las audiencias en todas las materias; las salas tienen equipos para videoconferencia. Además, los abogados cuentan con casilleros electrónicos y reciben las notificaciones en sus computadoras. Esto refleja la lucha contra la impunidad y un mejor acceso a la justicia. (Consejo de la Judicatura/La Nación)