Por: Yovana Cárdenas Lino

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DESDE LIMA, PERÚ PARA LA NACIÓN DE GUAYAQUIL, ECUADOR.

A raíz del estado de emergencia y la cuarentena impuesta por el Gobierno para frenar la propagación del coronavirus que ha sido una hecatombe para el sistema laboral peruano, ya que de la noche a la mañana miles de empresas y negocios dejaron de funcionar, quedándose sin percibir ganancias y sin poder solventar sus gastos como pagar la planilla.

El Gobierno peruano publicó una norma que regula la llamada suspensión perfecta de labores, figura legal que permite que las empresas afectadas por las crisis puedan suspender el pago de remuneraciones a sus trabajadores mientras no estén trabajando como consecuencia de la cuarentena. Las empresas que cumplan los requisitos aplicables serían verificadas y si no cumplen con ellos recibirán multas.

En este escenario, más de 8 mil empresas solicitaron acogerse a la suspensión perfecta, sin embargo, también se ha detectado que el impacto en las actividades generadoras de ingresos es especialmente severo para todos los trabajadores desprotegidos y los grupos más vulnerables, pero de la economía informal.

Según la Organización Internacional del Trabajo, el sector informal de la región representa el 53 por ciento de la población empleada y un tercio del PIB total.

En el Perú, las seis semanas de la emergencia sanitaria, están golpeando a los sectores independientes e informales. Al taxista, gasfitero, albañil, electricista, el trabajador ambulante, y otras actividades más. Siete de cada 10 peruanos están dentro del trabajo informal. Pese a los esfuerzos del Estado, por inyectar bonos sociales, se les está condenando a la pobreza, debido a que la ayuda económica no está llegando eficazmente.

Aunque más vale tarde que nunca, el Estado está subsanando la situación. El golpe es duro para las poblaciones más vulnerables e informales. Aunque el riesgo se pueda convertir en nuevos contagios debido a que saldrán a las calles, para ir a cobrar en las agencias bancarias, identificadas como focos de contagios. Los trabajadores independientes continuarán necesitando de transferencias y bonos para evitar que aumente su vulnerabilidad, para pagar los servicios públicos y la alimentación.