Opinión

La Corte Suprema le da un pase libre a Trump y a futuros presidentes

El lunes por la mañana, en un sorprendente final de su mandato, la Corte Suprema le entregó un regalo de valor incalculable a Donald Trump y a todos los futuros presidentes que pretendan violar la ley y sus juramentos a la Constitución. Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora del tribunal declaró que los actos oficiales que son fundamentales para la presidencia gozan de “inmunidad absoluta” frente a la acción judicial. Otros actos, incluso los que se sitúan en los límites de las funciones oficiales de un presidente, son “presuntamente inmunes”, dictaminó la corte, lo que hace mucho más difícil que sean procesados.

El efecto inmediato de la decisión —una de las más trascendentales producidas en la historia por la corte sobre el tema de los poderes presidenciales y el gobierno constitucional— fue retrasar de forma indefinida el procesamiento de Trump por su intento de anular las elecciones de 2020. Ahora es casi seguro que las elecciones de este otoño seguirán adelante sin ninguna responsabilidad legal por ese acto. Pero el peligro a largo plazo para la Constitución y el gobierno estadounidense es aún más grave, sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad real de que Trump, cuya reciente condena penal en Nueva York es solo la más reciente demostración de su desdén por los límites legales, pueda volver a ocupar el cargo en solo unos meses.

A partir del lunes, el principio básico de que nadie está por encima de la ley ha quedado a un lado. En la misma semana en que la nación celebra su fundación, el tribunal ha socavado la razón de ser de la Revolución estadounidense al conceder a los presidentes lo que una jueza disidente denominó una “zona libre de leyes” en la que se puede actuar, dando un paso hacia la restauración de la monarquía que la Declaración de Independencia rechazó. Los presidentes aún pueden enfrentar procesos de destitución por sus delitos en el cargo, pero es difícil ver cómo puedan llegar a ser procesados. Pueden ejecutar acciones que en otro momento habrían sido inimaginables, como alentar una insurrección en el Capitolio de EE. UU., sin temor a ir después a la cárcel o a tener que rendir cuentas legalmente.

Como escribió la jueza Sonia Sotomayor en un contundente disenso junto con los otros dos jueces liberales, la decisión crea una serie de “escenarios de pesadilla” sobre lo que un presidente está ahora autorizado a hacer. “¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organizar un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Aceptar un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune”.

Sotomayor añadió: “La relación entre el presidente y el pueblo al que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.

La decisión, redactada por el presidente de la corte, John Roberts, eleva significativamente lo que está en juego en las próximas elecciones. No solo deja clara la importancia de los nombramientos del presidente para la Corte Suprema —los tres candidatos de Trump votaron a favor de concederle la inmunidad que buscaba—, sino que también da carta blanca a Trump para actuar con más determinación en un segundo mandato de lo que lo hizo en el primero. El presidente de la Corte Suprema dijo explícitamente que el discurso y los tuits de Trump del 6 de enero de 2021, en los que instaba a sus partidarios a ir al Capitolio e interrumpir la certificación de la votación, bien podrían estar protegidos como un uso normal del púlpito presidencial. La corte devolvió el caso al tribunal de distrito para que determine los hechos en esa y otras cuestiones, un proceso que, incluidas las apelaciones, llevará meses, si no más.

Sin embargo, sabemos que el discurso y los tuits de Trump provocaron una insurrección violenta. Ahora que Trump sabe que podría salirse con la suya, ¿cuánto peor se pondrían las cosas en un segundo mandato? El peligro más urgente es su posible abuso del sistema legal, porque como sugiere el disenso, si cada conversación entre el presidente y el Departamento de Justicia se considera un acto oficial protegido, no hay límite a los tipos de conducta ilegal que podrían tramarse, incluso fabricar pruebas.

¿Qué no cuenta como acto oficial? Los jueces de la mayoría no lo dijeron, pero es difícil identificar un principio rector claro, quizá porque no pudieron encontrar ninguno.

Antes de esta decisión, no se concedía inmunidad penal a los presidentes; aunque los autores de la Constitución otorgaron una forma de ese privilegio a los miembros del Congreso, se negaron a hacerlo para el jefe del poder Ejecutivo. Para una mayoría conservadora que dice basarse en precedentes históricos, la norma recién creada resalta por su falta de fundamento en la Constitución, la ley o cualquier precedente de la corte. Ha sido inventada de la nada.

El producto de esta invención de la mayoría de la corte va en contra de toda la noción de un gobierno basado en el Estado de derecho. También va en contra de la comprensión establecida desde hace mucho tiempo de la exposición de un presidente a los procesos penales, independientemente de si sus actos fueron considerados “oficiales”. Como señaló la jueza Sotomayor, ¿por qué Richard Nixon habría aceptado un indulto por su papel en el escándalo Watergate si no fuera porque todo el mundo estaba de acuerdo en que, de lo contrario, podría ser enjuiciado por sus acciones?

Esta misma lógica quedó clara durante el segundo juicio político de Trump, en 2021, cuando sus abogados insistieron ante los senadores en que la absolución de Trump por sus acciones en torno al 6 de enero no lo dejaría “de ninguna manera por encima de la ley”. Reconocieron que un expresidente “es como cualquier otro ciudadano y puede ser juzgado en un tribunal”.

Ya no es así. En palabras de la jueza Ketanji Brown Jackson, se trata de “un incendio de grado 5 que amenaza con consumir la autogobernanza democrática y el funcionamiento normal de nuestro gobierno”.

Roberts, el presidente de la Corte Suprema, intentó desestimar las preocupaciones sobre las implicaciones de la sentencia del tribunal diciendo que “el presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley”.

Pero los actos no oficiales, como un discurso de campaña, nunca estuvieron en el centro de esta disputa. Incluso los abogados de Trump admitieron que no era inmune al enjuiciamiento por actos no oficiales. El problema es que el alcance de lo que es “oficial”, según esta corte, no tiene definición. La mayoría se negó a calificar ninguna de las acciones de Trump como claramente no oficiales, incluso acciones que los propios abogados de Trump admitieron que no eran oficiales, como conspirar para organizar listas fraudulentas de electores.

“La corte ha hablado”, dijo Trump tras el fallo. Como siempre, los únicos resultados legítimos que Trump reconoce en el gobierno estadounidense son los que lo benefician personalmente. Esta es la actitud que ha prometido llevar a las elecciones de 2024. Si pierde, ya ha dicho que será por fraude. Si gana, tomará el mensaje que le dio la Corte Suprema el lunes y actuará en consecuencia. Y, sin duda, el país quedará en peor estado por ello.

 

 

 

The New York Times (nytimes.com)