Opinión

LA CORTE CONSTITUCIONAL

Dr. Jorge Norero González/Guayaquil

La verdadera disputa de poderes, mis queridos amigos, no se encuentra ni radica entre el Ejecutivo y la función legislativa. Seguramente en el pasado, cuando el modelo democrático contemplaba solo tres funciones —Legislativa, Ejecutiva y Judicial—, las disputas se daban entre las dos primeras. A los legisladores les incumbía exclusivamente interpretar la constitución y las leyes, además de legislar y fiscalizar.

Existía el Tribunal de Garantías Constitucionales, que obligaba al Congreso o Asamblea a interpretar, legislar nuevamente o enmendar temas poco claros en materia constitucional, violaciones de derechos y garantías, entre otros.

Con la Constitución del 2008, una serie de competencias fueron trasladadas a la Corte Constitucional, cedidas generosamente por los asambleístas constituyentes, creando así un órgano de control del Estado omnipotente e infalible, exento de rendir cuentas a nadie, ni siquiera al soberano pueblo mandante.

En tiempos actuales, la Corte Constitucional podría ser comparada con el Oráculo de Delfos, demostrando ser falible, susceptible a influencias, inclinada a doctrinas izquierdistas, pseudo-modernas y afines a teorías de género, así como partidaria del matrimonio entre personas del mismo sexo, del pacifismo y de la protección de los derechos de los victimarios, entre otras posturas.

En su máxima arrogancia, no solo interpreta y orienta, sino que ahora también ordena, exige, limita, condiciona, establece plazos y destituye. Es un verdadero leviatán para las democracias, una institución notablemente arrogante, autoritaria y fascista.

Pretender, por ejemplo, que el Gobierno cumpla su obligación fundamental dentro de un Estado de Derecho, garantizando la vida y los bienes de los ciudadanos de bien a los que sirve, resulta ser un acto descarado de desafío a la lógica y al sentido común. En materia de seguridad nacional, todo Estado tiene la obligación de utilizar el monopolio de la violencia física legítima para buscar, a través del derecho y del uso de la fuerza, la concordia interna y la defensa externa, obligaciones ineludibles que ni siquiera la Corte Constitucional puede arrebatar al Ejecutivo, que constitucionalmente está encargado de esas competencias.

Otro de los grandes causantes de este caos y las pesadillas que vivimos ha sido la Corte Constitucional, que al ver que el Estado comenzaba a ser afectado por el narcotráfico y por líderes políticos corruptos, prefirió mirar hacia otro lado y permitir que las cosas siguieran su curso.

Hoy, ante la libertad que jueces imprudentes otorgan a criminales capturados en delitos flagrantes, como armamentos, drogas, sicarios, narcoterroristas y violadores, observamos que este colectivo no hace más que contribuir a la destrucción, el caos y la incertidumbre.

La democracia hace tiempo que murió y no existe. Vivimos en una jungla donde nos gobierna una fauna compuesta por lo peor de la humanidad.

Alea jacta est.

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