Opinión

La Constituyente en Chile, ¿en una dinámica suicida?

Nota del editor: Jorge G. Castañeda es colaborador de CNN. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Actualmente es profesor de la Universidad de Nueva York y su libro más reciente, “America Through Foreign Eyes”, fue publicado por Oxford UniversityPress en 2020. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente del autor. Puedes encontrar más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN Español) — A más de un mes de la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, vienen a sumarse las complicaciones de la actual coyuntura chilena a las inevitables dificultades que enfrenta cualquier Gobierno incipiente. No es solo Gabriel Boric sea un presidente joven, sin experiencia administrativa, pero lleno de entusiasmo, frescura e innovación, sino que debe lidiar con la simultaneidad de una Convención constituyente, elegida antes que él y con un amplio mandato.

La asamblea redactora de una nueva constitución deberá terminar sus labores el 4 de julio, pasar luego por un bimestre de trabajo de “armonización”, para someter finalmente el resultado de sus deliberaciones a un referéndum el 4 de septiembre. Si bien tanto Boric como la Constituyente son emanaciones directas de las protestas y movilizaciones de octubre y noviembre de 2019, hoy parecen andar por caminos divergentes, si no es que contrapuestos, en mi opinión. Boric podrá corregir sin mayores dificultades los lógicos tropiezos del arranque de su gobierno, como algunas desafortunadas declaraciones de su ministra de Interior, la Constituyente puede encontrarse ya presa de una dinámica suicida.

De acuerdo con información reciente, la Constituyente podría correr dos peligros graves. El primero es que produzca un texto contradictorio, radical, estridente y que conduzca a una situación de ingobernabilidad. El segundo es que por esa misma razón, pero sobre todo, debido a una conformación ubicada más a la izquierda que el electorado chileno en su conjunto, podría ser rechazada por los votantes en septiembre.

Ciertamente, el resultado final aún no se distingue claramente. Se presentaron más de 1.200 propuestas, tanto de la sociedad civil como de los constituyentes. Primero debían votarse en las siete comisiones definidas por la propia asamblea; si son aprobadas allí, deben pasar a la discusión del pleno. Si no son aprobadas, se devuelven a las comisiones para los cambios que se requieran; por último, los responsables de la “armonización” pueden aportar modificaciones, aunque en principio no de contenido. Pero, como yo lo veo, ya comenzaron a aparecer las primeras señales de alarma.

El expresidente Ricardo Lagos, firmante de la Constitución reformada en 2005, declaró hace unos días que “no me cabe la menor duda de que debe haber un cambio (en el órgano constituyente). (…) Es indispensable, porque en caso contrario me temo que podemos tener una Constitución muy inadecuada”. Se refería, ante todo, a los cambios al sistema político, a la plurinacionalidad y a las modificaciones al Poder Judicial. Parece ser que Lagos conserva el optimismo –las cosas pueden salir bien, dice–, pero la eliminación del Senado y su sustitución por una Cámara Territorial asimétrica, la creación de un Consejo de Justicia y la definición de Chile como una república plurinacional le preocupan sobremanera. Yo agregaría a la lista de preocupaciones la creación de un sistema de justicia de los pueblos originarios –el llamado pluralismo judicial, posiblemente en pie de igualdad con el del resto del país– y la tentación de nacionalizar el cobre, el litio, el agua y los bosques (por lo menos parcialmente). Si a eso se agrega una serie de consideraciones ambientales, laborales, de tratados internacionales y de restricciones a la operación de las empresas privadas nacionales y extranjeras, creo que existe el peligro que la nueva carta magna chilena rija en un país muy difícil de administrar, o incluso de gobernar. Faltan las votaciones en el pleno de la Comisión de Medio Ambiente –que en mi opinión es la más radical– y se ha ido configurando un “tercio sensato bloqueante” en la Convención en su conjunto, pero la tendencia hacia los extremos puede ser irresistible. La votación esta semana sobre el régimen político mostrará hasta dónde llegan las voces más transformadoras en la Convención.

El segundo riesgo es que por esa misma radicalidad, pero también por la sensación de desorden, de caos, de desorganización y de posiciones estridentes, la gente vote por rechazar la Constitución el 4 de septiembre. De cuatro encuestas de los últimos días, tres dan el triunfo al “Rechazo”; solo una, y por pocos puntos, al “Apruebo”. La de Cadem es reveladora. El porcentaje de chilenos que votaría en contra de la nueva Constitución pasa de 36% a 46% en una semana; los que la aprueban bajan seis puntos porcentuales. El “poco o nada de confianza” sube también y por ejemplo, por más de tres a uno, los chilenos prefieren una república multicultural a una multinacional. Las diferencias sustantivas entre una y otra no son necesariamente enormes ni evidentes. Sin embargo, he allí un reto importante que enfrenta la aprobación.

Si las minorías grandes de una sociedad conservadora que votó en 44% por un candidato presidencial de ultraderecha en diciembre se acumulan, sin sobreponerse las unas a las otras, el resultado puede ser desastroso. Si los chilenos que se oponen a la obligación del Estado de garantizar el derecho al aborto, a una república plurinacional, a un sistema de pensiones exclusivamente estatal, a un Poder Legislativo de hecho unicameral, sin ser los mismos, se unen en su oposición al texto propuesto, este puede perder el apoyo de la mayoría de los chilenos. Sumar oposiciones monotemáticas minoritarias debido a la estridencia de ciertas propuestas de gran trascendencia para unos, pero que podrían resultar carentes de ese significado para la mayoría, puede terminar por constituir una estrategia de derrota.

El problema para el flamante Gobierno de Boric, del cual en teoría la Constituyente es autónoma, consiste en la realidad política del país. La Convención será disuelta, en principio, el 4 de julio al terminar sus labores. La campaña por el “Apruebo” quedará inevitablemente en manos del Gobierno y de la coalición de partidos que lo componen. Ambos tendrán que asumir el conjunto de definiciones incluido en el texto sometido al electorado, aunque no hayan participado directamente en su confección. Si Boric no está de acuerdo con el texto resultante no podría disociarse de un proyecto elaborado por sus simpatizantes o correligionarios. El triunfo del “Apruebo” representaría un éxito de Boric, pero una victoria del “Rechazo” constituiría una derrota para él. No se ve cómo evitar esta disyuntiva diabólica.

Sería una lástima que una propuesta tan alentadora como la del nuevo presidente chileno se descarrilara por un experimento temerario, aunque comprensible. Ante la presión de una protesta social descomunal en 2019, la clase política chilena entera optó por la salida de una nueva Constitución. No parecía entonces una mala idea. Por desgracia, puede resultar siéndolo.

 

 

(cnn.com)