Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

 

Existe una peligrosa confusión en ciertos sectores del poder y de la sociedad: creer que combatir el crimen significa renunciar a la civilización.

Nadie sensato puede defender que las cárceles sigan gobernadas por mafias, bandas criminales o economías del terror. El Estado tiene la obligación moral y constitucional de recuperar el control del sistema penitenciario. Pero una cosa es recuperar el control… y otra muy distinta convertir las prisiones en espacios de degradación humana donde desaparecen hasta los derechos mínimos que sobreviven después de una sentencia.

Porque cuando se normaliza que una persona privada de libertad no tenga acceso adecuado al sol, al aire libre, a alimentación digna, atención médica eficiente o incluso limitaciones para ejercer su derecho a la defensa y reunirse con sus abogados, entonces ya no estamos hablando únicamente de seguridad. Estamos hablando de retroceso civilizatorio.

Y es ahí donde nace la gran pregunta incómoda: ¿qué diferencia habría entre un Estado democrático y una estructura de venganza institucionalizada?

Resulta preocupante que algunos pretendan vender la idea de que la existencia de una prisión extremadamente dura demuestra automáticamente que el sistema penitenciario está finalmente bajo control estatal. La realidad es mucho más compleja. Mientras se exhibe una cárcel de máxima severidad como símbolo de autoridad, el resto del sistema penitenciario continúa, en gran medida, contaminado por corrupción, violencia y estructuras criminales enquistadas durante décadas.

Más inquietantes aún resultaron las declaraciones del ministro Reimberg, cuando trascendió que el riesgo de que José Serrano pudiera terminar recluido en la denominada “Cárcel del Encuentro” habría servido como argumento para impedir su deportación, bajo la posibilidad de que aquello fuese interpretado internacionalmente como exposición a condiciones incompatibles con derechos fundamentales.

Y entonces surge otra reflexión demoledora: si incluso desde afuera se considera que ese lugar podría representar condiciones cercanas a tratos crueles o degradantes, ¿cómo puede presentarse internamente como ejemplo de éxito penitenciario?

Porque la seguridad jamás debería construirse sobre la anulación absoluta de la dignidad humana.

Incluso el peor criminal sigue siendo un ser humano sometido a derechos mínimos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y los principios básicos de cualquier democracia moderna. De lo contrario, terminamos aceptando que el Estado puede hacer exactamente aquello que criticamos a las organizaciones criminales: deshumanizar.

Y después aparece el simbolismo grotesco del nombre.

“La Cárcel del Encuentro”.

Un nombre inevitablemente asociado al eslogan del gobierno de Guillermo Lasso: “El Gobierno del Encuentro”. Pero el país se pregunta con amarga ironía: ¿encuentro con qué? ¿Con el miedo? ¿Con el aislamiento absoluto? ¿Con la degradación? ¿Con la muerte civil de quienes entran ahí?

Porque una prisión no debería existir únicamente para castigar. También debería aspirar a rehabilitar, corregir, reinsertar y evitar que quien salga vuelva convertido en un ser todavía más resentido, más roto y más peligroso.

¿Habrá programas reales de rehabilitación? ¿Trabajo penitenciario digno? ¿Acceso a educación? ¿Condiciones transparentes supervisadas por organismos independientes? ¿Podrán los internos mantener vínculos familiares bajo normas razonables? ¿Existe un modelo técnico detrás del espectáculo mediático?

El país merece respuestas serias, documentadas y transparentes. No propaganda.

La historia está llena de ejemplos donde sociedades aterradas entregaron libertades, humanidad y principios éticos a cambio de una sensación temporal de seguridad. Y casi siempre terminaron arrepintiéndose demasiado tarde.

Por eso conviene recordar algo fundamental: defender derechos humanos dentro de las cárceles no significa defender delincuentes. Significa defender el límite moral que separa a un Estado de derecho de la barbarie.

Porque el día en que la sociedad celebra el sufrimiento humano como política pública, quizás ese día el problema ya no esté únicamente dentro de las cárceles… sino fuera de ellas.

Semper Fi.