Dr. Jorge Alberto Norero González/Guayaquil.

 

La reciente declaratoria de vacancia de la presidenta del Perú, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por su incapacidad para enfrentar el grave clima de inseguridad que azota a su país, abre un nuevo capítulo en la geopolítica latinoamericana.

Esta decisión del Congreso peruano marca un precedente de enorme alcance: por primera vez, un mandatario es destituido no por corrupción ni por incapacidad médica, sino por no garantizar la seguridad ciudadana.
El mensaje es directo: si el Estado no controla el caos interno, el poder legislativo puede remover al jefe de Estado por incompetencia en materia de seguridad nacional.

Este hecho, lejos de ser un episodio local, tiene repercusiones regionales.
Los gobiernos de América Latina deberán tomar nota, porque el umbral de tolerancia social frente a la inseguridad ha llegado a su punto de quiebre.
Las poblaciones, cansadas de la violencia, la corrupción y el miedo cotidiano, ya no distinguen entre gobiernos democráticos o autoritarios: solo exigen resultados.

Ecuador: la calma aparente antes de la nueva embestida

Mientras tanto, en Ecuador el paro nacional parece haberse detenido por el feriado, pero en realidad ha entrado en una pausa táctica.
Todo indica que el lunes podría reactivarse con mayor intensidad y determinación, alentado por el precedente peruano.
La destitución de Boluarte podría ser interpretada por los dirigentes de la CONAIE y por los movimientos sociales radicalizados como una validación simbólica de su lucha, reforzando el discurso de que los pueblos tienen el derecho a remover a gobiernos “incapaces de resolver la inseguridad”.

A esta tensión se suma un hecho inquietante: el diario El Expreso publicó un titular calificando de “inútiles” e “ineficientes” al ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, y al secretario de Inteligencia, Michael Sensi Contugi, acusándolos de no responder adecuadamente al conflicto interno declarado por el presidente Daniel Noboa Azin.
Más allá de la crítica legítima, ese tipo de titulares puede servir como catalizador de una narrativa desestabilizadora, sembrando la idea de que el gobierno ha perdido el control o que la lealtad institucional se está erosionando.

Por ello, es imprescindible que el presidente Noboa refuerce el control político y estratégico del Estado, supervise directamente la información crítica y no permita que la burocracia o los intereses internos filtren o retrasen decisiones vitales.
Los equipos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben mantener un análisis conjunto de escenarios y prepararse ante posibles actos de sabotaje, ataques coordinados o escaladas violentas que busquen provocar la reacción del poder público.

La historia enseña que los leales de hoy pueden ser los Judas de mañana, y la región está llena de ejemplos de cómo las alianzas políticas se disuelven cuando el caos ofrece dividendos.

El factor Trump: la nueva frontera del conflicto racial

Pero hay un tercer elemento que puede agravar aún más la tormenta que se aproxima: la política migratoria y racial del presidente Donald Trump en los Estados Unidos.
La expulsión masiva de miles de latinoamericanos —muchos de ellos indígenas, mestizos o de origen humilde— bajo el argumento de ser “criminales peligrosos”, está generando un fenómeno silencioso pero explosivo: el retorno forzado de poblaciones vulnerables y resentidas al corazón de América Latina.

No se trata solo de deportaciones.
Trump está utilizando la migración como arma de cohesión interna por exclusión, uniendo a su base electoral mediante el miedo al “otro”: el latino, el indígena, el pobre.
Esa estrategia tiene una profunda carga simbólica: restablecer la hegemonía del poder anglosajón frente al avance demográfico y cultural latino en territorio estadounidense.

Las consecuencias ya comienzan a sentirse.
Miles de deportados regresan sin recursos, sin redes familiares y con un profundo sentimiento de humillación.
Algunos, incluso, con formación o antecedentes criminales adquiridos en EE. UU.
Esto genera presión social, económica y cultural en países como Ecuador, Perú, Guatemala, México y Bolivia, que no cuentan con políticas sólidas de reinserción.

El riesgo no es solo humanitario: es político y de seguridad.
Estos flujos humanos pueden ser fácilmente manipulados por movimientos populistas o ideologías radicales, que encontrarán en el resentimiento de los repatriados una nueva bandera de lucha contra el “imperialismo del norte”.
De allí puede surgir un nuevo nacionalismo étnico, una corriente de revancha continental, con capacidad de incendiar sociedades frágiles y polarizadas.

Una tormenta perfecta en formación

Si combinamos los tres elementos —la caída de Boluarte, el conflicto latente en Ecuador y la política racial de Trump— el resultado es una tormenta geopolítica perfecta:

Descontento social en aumento,

Debilitamiento institucional progresivo,

Narrativas de odio y victimismo transnacional,

Y una peligrosa sensación de impunidad colectiva ante la violencia.

El mapa regional se está reconfigurando, no solo por los intereses de potencias externas, sino por las grietas internas que los propios latinoamericanos hemos permitido abrir: desconfianza, corrupción, miedo, indiferencia y una pérdida creciente de sentido nacional.

Conclusión

América Latina se encuentra en una encrucijada histórica.
O los gobiernos aprenden de las señales —como la caída de Boluarte y el nuevo ciclo migratorio impuesto por Trump— o serán arrasados por una ola de convulsión social que no distingue fronteras ni ideologías.

Como dice el viejo refrán:

“Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar.”

Hoy, las barbas de la región entera están en peligro.
Y si los líderes no actúan con inteligencia estratégica, visión y firmeza, la próxima crisis podría no ser solo política, sino civilizatoria.

Semper Fi.