Opinión

La brutalidad policial en México es un problema oculto, al igual que la impunidad ante ella

Tamara Gidi, Nayeli Meza, Patricia San Juan y Eduardo Buendía formaron parte de la Unidad de Investigación de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México).

A Victoria Salazar, José Eduardo Ravelo, Carlos Bautista y Gabriel Casillas los asesinó la Policía mexicana. Sus historias forman parte de una enorme lista de agresiones cometidas por elementos estatales cuyo deber era garantizar su seguridad.

La brutalidad policial en México se ejerce bajo la sombra de la impunidad por la inoperancia de las autoridades encargadas de investigarla y sancionarla, como demuestra la investigación “Policía mexicana: Brutalidad sin límite”, que forma parte del Proyecto Piloto de Periodismo de Investigación de la UNESCO.

Para realizarla tramitamos 3,862 solicitudes de información a entidades federales y estatales, por medio de las cuales conocimos que, de 2015 a 2020, se iniciaron al menos 33,750 carpetas de investigación por delitos relacionados con brutalidad policial en todo el país, pero de ellas solo se judicializaron 1.1% y 0.5% concluyeron en una sentencia condenatoria: 99.5% quedaron en la impunidad.

También muestran que la brutalidad policial la cometen desde altos funcionarios de seguridad pública hasta elementos operativos. En este contexto de violencia, las víctimas se enfrentan a un sistema que obstaculiza los avances de las investigaciones y en el que las instituciones encargadas de indagar e impartir justicia administran los casos de manera discrecional con el fin de que no se resuelvan.

En el caso de abuso de autoridad, se tuvo conocimiento de 25,804 carpetas de investigación abiertas de 2015 a 2020 con base en información entregada por fiscalías estatales. En contraste, los poderes Judiciales de los estados establecieron que se iniciaron solo 293 causas penales por esa conducta. Estos datos demuestran que una gran parte de las denuncias que se presentan no llegan a los juzgados.

Por ejemplo, el total de carpetas de investigación iniciadas por lesiones sumaron 1,686. De ese total, los ministerios públicos informaron que 93 fueron judicializadas; sin embargo, los poderes Judiciales aseguraron tener registro de 180 causas penales por ese delito, casi el doble.

La falta de una homologación en los archivos deja al descubierto que muchos de los casos que se denuncian quedan en el limbo de las fiscalías estatales u órganos internos de control de las secretarías, lo que dificulta conocer las denuncias y víctimas totales con exactitud.

La desaparición forzada y asesinato de Carlos Bautista en 2015, en Veracruz, de la cual es imputado José Óscar Sánchez Tirado, entonces director general de Prevención y Reinserción Social durante el gobierno de Javier Duarte, y otros siete exelementos de seguridad pública estatal, es otro caso en el que las autoridades dilatan y obstruyen la justicia.

En 2020, dos de los uniformados que presuntamente fueron cómplices del exfuncionario quedaron en libertad por órdenes del juez de control Francisco Hernández Lima, y otros dos más salieron de prisión en febrero de 2021; inclusive, uno de ellos recuperó su trabajo en la institución para la que servía. La audiencia para dar seguimiento al caso de Sánchez Tirado se retrasó más de un año y se realizó en marzo de 2022, en la que se confirmó que enfrentará un juicio.

El alto de grado de impunidad en México propicia que la brutalidad policial no tenga límite. Otro factor que influye es la falta de protocolos de actuación y de capacitaciones efectivas para contener estas prácticas. Aunque 24 estados nos dijeron que sí impartieron cursos a sus policías sobre perspectiva de derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza pública, esto no se ha reflejado en una disminución de casos.

A esto se suman las carencias con que las Policías locales realizan su labor en cuestiones tan básicas como no tener un salario digno y no contar con equipo táctico o vehículos adecuados para su desempeño.

Aunque hay avances en la creación de leyes para combatir la tortura y desaparición forzada en México, los datos muestran que estas prácticas se siguen perpetuando, como lo han advertido organismos como la Organización de las Naciones UnidasAmnistía Internacional y Human Rights Watch, que han emitido recomendaciones al Estado mexicano y varias aún están pendientes de implementar.

Estos datos son solo una muestra de lo que ocurre en el país con respecto a las agresiones que cometen policías y Fuerzas Armadas y que exhiben la necesidad de que, desde los poderes de la Unión, se trabaje para que los uniformados que deben proteger a la población no sean una fuente más de violencia en su contra.