Economía

La banca deberá avisar uno a uno a sus clientes de que pueden reclamar las cláusulas suelo

El Gobierno concluye el mecanismo definitivo de reclamación extrajudicial de los intereses abusivos de las hipotecas

ESPAÑA. Tras muchos tiras y aflojas, el Gobierno ha terminado por aceptar las reclamaciones centrales del PSOE sobre la letra pequeña del proceso extrajudicial gratuito que permitirá a los clientes bancarios afectados por cláusulas suelo abusivas reclamar a su entidad financiera lo pagado de más en su hipoteca.

Los socialistas, a cambio, dejará de bloquear su aprobación de manera que el mecanismo será aprobado este viernes en Consejo de Ministros como Real Decreto-Ley, y será convalidado por el Congreso de los Diputados probablemente en la primera semana de febrero. Al día siguiente, entrará en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE) otorgando a las entidades bancarias un plazo total de tres meses para informar a cada uno de sus clientes y ofrecerles el pago del dinero cobrado de más.

El PSOE había paralizado en dos ocasiones anteriores la aprobación del decreto al considerar que favorecía a las entidades bancarias. Pero las nuevas mejoras y garantías hacia los afectados introducidas en la última redacción del texto ha llevado a los socialistas a modificar su postura. El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura, subrayó esta mañana que no llegó a alcanzarse un acuerdo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y de ahí su abstención en lugar de su voto a favor. Y es que además de todo lo aceptado por el Gobierno, el equipo negociador de los socialistas exigía que el nuevo Real Decreto-Ley incluyera el desarollo de una Comisión de Seguimiento que deberá vigilar que los bancos cumplan adecuadamente el mandato legal, especialmente con los clientes más vulnerables. El nuevo Real Decreto-Ley prevé su creación pero nada más. Quién sí votará a favor será Ciudadanos cuyo portavoz adjunto, José Manuel Villegas, celebró las cesiones realizadas por el Gobierno.

Este sistema de mediación, a diferencia del código de buenas prácticas que se había ideado en un principio y que fue rechazado tanto por los socialistas como por la banca, será vinculante para los bancos, que ante la reclamación de un cliente tendrá que estudiar su caso y darle una respuesta —positiva o negativa— en un plazo máximo de tres meses. En dos meses deberá calcularle las cuantías que abonó de más por cláusulas suelo abusivas y decirle la cantidad que le devolverá en caso de respuesta afirmativa. En los 30 días restantes el afectado debe decidir si la acepta o rechaza y puede pedir a su entidad una contraoferta.

Si finalmente rechaza la oferta del banco puede acudir aún a los tribunales, aunque en caso de obtener por esta vía una indemnización igual o inferior a la que le ofreció el banco tendrá que abonar el dinero de las costas judiciales. Si por el contrario la vía judicial le reconoce una indemnización mayor que la que le ofreció el banco, será la entidad financiera la que tendrá que abonar las costas. Con este sistema, la número dos del PSOE por Madrid, la exmagistrada Margarita Robles, consideró que para ambas partes será más provechoso alcanzar un acuerdo extrajudicial disipando el riesgo de colapso judicial si todos los afectados acudían a los tribunales para resolver el contencioso.

Comunicación individualizada

Una de las novedades que se habría incluido en el texto final por exigencia del PSOE es que las entidades estarán obligadas a comunicar a sus clientes con cláusulas suelo en su hipoteca, uno por uno, que pueden acudir a este proceso para reclamar. La banca rechazaba esta comunicación individualizada.

El banco, en caso de acceder a compensar a su cliente, podrá reintegrarle el dinero en efectivo en su cuenta o mediante otras fórmulas, como reduciendo la cantidad del crédito pendiente de devolver u ofreciendo cambios en las condiciones de la hipoteca como un tipo de interés más bajo. De esta forma, el mecanismo de reclamación deja abierta la puerta a que banco y cliente negocien.

Las cantidades devueltas no tributan

Las obligaciones fiscales de los afectados, además, se reducen. Si bien aquellos clientes que recuperen el dinero de las cláusulas suelo deberán regularizar su situación con Hacienda si en su día se aplicaron la deducción por vivienda habitual en su declaración del IRPF, no deberán tributar ni por las cantidades recuperadas ni por los intereses de demora que le paque el banco.

El Gobierno, una vez conocido el dictamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo abusivas, pretende con este sistema acelerar la reclamación y la devolución de esos importes y evitar el colapso de los juzgados por este asunto. El mecanismo extrajudicial, que es gratuito para los consumidores, obligará a las entidades financieras a un esfuerzo en recursos humanos para atender estas solicitudes. De hecho, y según fuentes del sector, algunas entidades se plantean contratar los servicios de las cuatro principales firmas de auditoría y consultoría para poner en marcha el proceso.

Según el PSOE, con estas medidas se persigue que «el consumidor vea restablecido su derecho en el plazo más breve posible evitándole tener que acudir a un proceso judicial que se dilate en el tiempo».

Reclamación de gastos hipotecarios

Saura consideró también que la reclamación de los gastos hipotecarios en los que incurrieron los clientes al formalizar la hipoteca es «una cuestión compleja», por lo que el PSOE ha preferido dejarla al margen de este nuevo Real Decreto-Ley «que también era complejo». No obstante, mantuvo la intención del PSOE de impulsar los cambios legales necesarios para que los clientes afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar ese dinero dado que el banco incluyó en el contrato una estipulación considerada nula legalmente. A tal fin, los socialistas demandarán al Gobierno la redacción de un segundo Real Decreto-Ley donde se regule esta reclamación una vez que quede aprobado el mecanismo extrajudicial para recuperar las cantidades abonadas de más a la banca por estas cláusulas. (ABC/LA NACIÓN)