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La Asamblea debatirá la proforma presupuestaria el próximo martes

La Proforma del 2016 cumple el mandato legal que establece que el endeudamiento público no podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que recomienda su aprobación por parte del Pleno.

QUITO. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó a los asambleístas a la continuación del debate sobre la Proforma Presupuestaria 2016. Esta reunión se cumplirá el próximo martes.

En el informe de la Comisión de lo Económico de la Asamblea determina que el Ministerio de Finanzas debido a la coyuntura internacional que afecta al país ha ajustado sus previsiones de ingresos y gastos a un monto de 29.835 millones de dólares, reduciendo en 6.482 millones de dólares el monto global respecto a la proforma del 2015. La reducción se ha realizado fundamentalmente en la asignación de inversiones y en la disminución de algunos subsidios.

La Comisión verificó que en la Proforma 2016, los ingresos permanentes exceden en 29.56% al gasto permanente, esto es 5,147 millones de dólares. La Proforma del 2016 cumple el mandato legal que establece que el endeudamiento público no podrá sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que recomienda su aprobación por parte del Pleno.

“El incremento de ingresos es fruto del esfuerzo de la ciudadanía y refleja un fortalecimiento de la cultura tributaria. La Comisión resalta que las proyecciones de recaudación tributaria se hicieron sobre impuestos vigentes y no sobre expectativas de reformas impositivas”, publica la Asamblea.

También determinó que la Proforma 2016 cumple lo determinado en la Constitución y el Código de Organización Territorial respecto a las asignaciones y preasignaciones a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, tanto del 21% del ingreso permanente como del 10% del no permanente.

Además, mantiene los ingresos establecidos en las leyes 010 y 047 por su participación en las rentas por la explotación e industrialización de recursos no renovables y las asignaciones por la transferencia de nuevas competencias del Gobierno Central a los gobiernos autónomos descentralizados. (El Ciudadano/La Nación)