Justicia injusta: ¿quién defiende al ciudadano que cumple la ley?
María Elena Gómez de Reshuan/Guayaquil
Un llamado de atención a la Asamblea Nacional, a la Corte Nacional de Justicia, a los jueces y, especialmente, a los abogados del Ecuador
¿De qué sirve hablar de justicia si las leyes, los procedimientos y las instituciones terminan dejando al ciudadano honrado en una situación de indefensión?
Esta es una pregunta que debemos hacernos con seriedad.
Si queremos construir un Ecuador justo, debemos comenzar por tener leyes justas, procedimientos eficaces y una administración de justicia que proteja, por igual, los derechos de todos los ciudadanos.
Pero también debemos preguntarnos: ¿qué ocurre cuando alguien ocupa una propiedad ajena y, posteriormente, intenta utilizar los mecanismos legales para reclamarla como propia?
La pregunta no es teórica para mí.
Soy legítima propietaria de un terreno ubicado en la Comuna Casas Viejas. Un día, de manera inesperada, apareció en mi propiedad una persona que se presentó como ingeniero agrónomo y, según el relato del guardián del predio, manifestó que yo le había alquilado la propiedad por un año.
Aquello era falso.
El guardián, sorprendido ante semejante afirmación, se resistió a entregar la propiedad. Posteriormente fue sacado por la fuerza y se permitió el ingreso de otras personas al terreno. Incluso se colocó un gran letrero con el nombre “El Gran Chaparral”, como si de una tierra del antiguo Oeste se tratara.
Cuando el guardián regresó y volvió a pedir explicaciones, la versión habría cambiado: esta vez se le manifestó que el supuesto arrendamiento era por cinco años.
¿Un año? ¿Cinco años?
¿Dónde estaba el contrato?
¿Dónde estaba mi autorización?
¿Dónde estaba mi consentimiento como propietaria?
No existía tal arrendamiento.
Y entonces ocurrió algo todavía más preocupante: posteriormente se inició en mi contra un proceso de prescripción adquisitiva de dominio.
Aquí debemos hacer una aclaración fundamental. La prescripción adquisitiva es una institución reconocida por la legislación ecuatoriana. No puede calificarse, por sí misma, como una conducta ilegal. La ley establece requisitos que deben cumplirse para que pueda prosperar y la Corte Nacional de Justicia ha señalado, entre otros, la necesidad de acreditar una posesión con ánimo de señor y dueño, pública, pacífica e ininterrumpida durante el tiempo exigido por la ley, además de la correcta individualización del inmueble.
Precisamente por eso surge mi indignación.
¿Puede una persona que ingresó a una propiedad ajena mediante engaños, según los hechos que yo denuncio, pretender posteriormente beneficiarse de una figura jurídica destinada a regular situaciones de posesión que cumplan los requisitos establecidos por la ley?
Si los hechos ocurrieron como los relato, corresponde a las autoridades competentes investigarlos y determinar las responsabilidades que procedan.
Porque una cosa es ejercer legítimamente un derecho ante los tribunales y otra muy diferente sería intentar convertir una ocupación ilegítima en un derecho de propiedad.
¿Por qué no comprar lo que se desea?
Esta es otra pregunta que quisiera hacerle al ciudadano que ocupa mi propiedad:
Si le gustaba mi terreno, ¿por qué no intentó comprarlo?
¿Por qué no me llamó?
¿Por qué no hizo una oferta?
¿Por qué no buscó una negociación?
¿Por qué, en lugar de acudir al propietario, habría optado por ingresar al predio y posteriormente iniciar un proceso judicial?
Y hay una pregunta todavía más importante:
¿Qué mensaje estamos enviando a la sociedad cuando una persona que afirma ser propietaria de un terreno tiene que gastar tiempo, dinero y energía defendiendo judicialmente aquello que legítimamente adquirió con años de trabajo?
La propiedad privada no puede convertirse en una especie de premio para quien consiga ocuparla primero o permanecer en ella mediante hechos que después pretenda presentar como posesión legítima.
¿Y qué papel desempeñan los abogados?
Aquí quiero hacer un llamado especial a los abogados del Ecuador.
No cuestiono el derecho de toda persona a contar con una defensa técnica. Ese derecho debe ser respetado en un Estado constitucional de derechos.
Pero también considero legítimo formular una pregunta ética:
¿Debe un profesional del Derecho preguntarse dónde está la justicia material del caso que está defendiendo?
Un abogado no es solamente alguien que conoce las leyes.
Es también un profesional que tiene una responsabilidad frente a la sociedad.
La defensa técnica es un pilar de la justicia, pero la justicia no puede reducirse a encontrar la manera de aprovechar cada vacío, contradicción o debilidad del sistema.
Por eso hago un llamado a los abogados del país:
Defendamos derechos, no abusos.
Defendamos la verdad, no el engaño.
Defendamos la justicia, no solamente la estrategia procesal.
¿Y qué responsabilidad tiene el Estado?
La Asamblea Nacional también debe escuchar esta preocupación.
Si una norma puede ser utilizada de manera abusiva para prolongar durante años la incertidumbre de un propietario legítimo frente a quien pretende adquirir su inmueble, entonces esa norma, su aplicación y sus procedimientos deben ser revisados.
No estoy diciendo que se elimine la prescripción adquisitiva, porque es una institución jurídica reconocida por nuestro ordenamiento.
Estoy preguntando algo diferente:
¿Cómo podemos impedir que una institución creada para resolver situaciones legítimas de posesión termine siendo utilizada como instrumento de abuso contra verdaderos propietarios?
La propia Corte Nacional de Justicia ha establecido que, en los procesos de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, deben cumplirse íntegramente determinados requisitos y que la falta de alguno de ellos puede determinar el rechazo de la demanda. Incluso existe un precedente jurisprudencial obligatorio de 2025 que exige precisión y claridad en la identificación, ubicación, cabida y linderos del inmueble, precisamente para evitar afectaciones a derechos de terceros.
Entonces la discusión no debería ser solamente “¿qué dice la ley?”
También deberíamos preguntar:
¿La ley está siendo aplicada correctamente?
¿Se están protegiendo efectivamente los derechos del propietario?
¿Se está investigando adecuadamente cómo se produjo la ocupación?
¿Se está diferenciando entre una posesión legítima y una ocupación obtenida mediante engaño o violencia?
La propiedad también es un derecho
El ciudadano común no debería sentirse abandonado frente al sistema judicial.
Una persona trabaja durante años, ahorra, compra un terreno, paga sus obligaciones, cumple con la ley y espera que el Estado proteja aquello que legítimamente adquirió.
No puede ser que, llegado el momento, tenga que preguntarse:
¿Quién protege al propietario?
El Código Orgánico Integral Penal contempla el delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras y establece sanciones para quien promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos para obtener provecho propio o de terceros.
Por supuesto, cada caso debe ser investigado y juzgado con respeto al debido proceso. Pero precisamente por eso debemos exigir que las instituciones funcionen y que los hechos sean investigados con seriedad.
¿Qué significa realmente una ley justa?
Para mí, una ley no debería ser solamente un conjunto de palabras escritas en un código.
Una ley debe servir para proteger al ciudadano.
Debe proteger al trabajador.
Debe proteger al propietario.
Debe proteger al que cumple.
Debe proteger al que, con esfuerzo y sacrificio, construye un patrimonio para sus hijos.
Y también debe establecer mecanismos eficaces para impedir que quien actúa de mala fe pueda aprovecharse del sistema.
Porque si el ciudadano honrado termina siendo quien más tiene que defenderse, algo está fallando.
Un llamado a la conciencia
Por eso hago este llamado.
A la Asamblea Nacional, para que revise aquellas normas y procedimientos que puedan generar espacios para abusos y para que fortalezca la protección efectiva de la propiedad privada.
A la Corte Nacional de Justicia, para que continúe fortaleciendo una jurisprudencia que garantice decisiones rigurosas, motivadas y respetuosas de los derechos de todas las partes.
A los jueces, para que cada expediente sea analizado con independencia, profundidad y sentido de justicia, sin olvidar que detrás de cada proceso existen personas, familias, sacrificios y derechos.
Y a los abogados del Ecuador, para que nunca olvidemos que el Derecho no debería convertirse en una herramienta para disfrazar la injusticia de legalidad.
No se trata de estar contra los pobres.
No se trata de estar contra quien necesita una vivienda o una oportunidad.
No se trata de negar el derecho de cualquier ciudadano a acudir a los tribunales.
Se trata de algo mucho más sencillo:
Que nadie pueda apropiarse de lo ajeno mediante el engaño, la fuerza o el abuso de los mecanismos legales.
Porque una sociedad donde el “sabido”, el “matón” o el invasor termina teniendo más herramientas que el ciudadano que trabaja y cumple, no puede llamarse una sociedad justa.
Y por eso seguiremos preguntando:
¿Hasta cuándo los ecuatorianos vamos a sentirnos indefensos frente a quienes utilizan la fuerza, el engaño o las debilidades del sistema para intentar apropiarse de lo que no les pertenece?
Esta no es solamente mi pregunta.
Es una pregunta que debería hacerse todo el Ecuador.
¿Quién defiende al ciudadano cuando la justicia deja de sentirse justa?
Esperamos una respuesta.
