Internacional

Justicia española archiva la causa por supuestas torturas en Guantánamo

El IV Convenio de Ginebra establece que todos los Estados firmantes deben buscar a las personas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquier infracción grave, si estas personas se han refugiado u ocultado en su país.

MADRID. La Audiencia Nacional española confirmó la decisión del juez José de la Mata de cerrar la causa por supuestas torturas en Guantánamo a cuatro expresos, uno de ellos español – el ceutí Hamed Abderraman, «el talibán español» -, en aplicación de la reforma de la ley de justicia universal.

La Sección Tercera de lo Penal ha adoptado esta decisión en un auto conocido hoy en el que desestima los recursos de los expresos de Guantánamo que habían denunciado torturas -Hamed Abderraman, Lahcen Ikassrien (detenido en 2014 en Madrid por captar yihadistas en una mezquita), Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes-, que reclamaban que se siguiera instruyendo esta causa.

De la Mata dio por cerrada esta investigación en julio pasado al entender que, en virtud de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la reforma de la ley española de justicia universal de marzo de 2014, no se cumplían los requisitos necesarios para que estos hechos pudieran ser investigados.

Fundamentalmente que se encontrasen en España las personas contra las que se dirige este procedimiento: el expresidente de EEUU George W. Bush y otros cargos como el exvicepresidente Richard Cheney y el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld.

No obstante, De la Mata dejó una puerta abierta y propuso mantener el archivo «hasta que pueda encontrarse en España cualquiera de las personas extranjeras contra las que se dirige el procedimiento».

Al resolver los recursos, la Sala refrendó ahora esta propuesta y argumentó que la ley establece que el sobreseimiento «sólo se mantendrá (…) mientras ninguno de los supuestos responsables se encuentre en territorio español».

Esta salvedad viene dada por que los delitos investigados, torturas y contra la integridad moral en concurso con varios crímenes de guerra, están amparados por los convenios internacionales de Ginebra y contra la tortura.

En este sentido, el IV Convenio de Ginebra establece que «todos los Estados firmantes deben buscar a las personas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquier infracción grave, si estas personas se han refugiado u ocultado en su país», para hacerlas «comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad y el lugar donde se cometió la infracción».

De este modo, según señalaba De la Mata, si bien el nuevo sistema de justicia universal «es muy restrictivo», no vulnera los tratados internacionales y se limita «a supuestos en que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que se encuentre en España«.

Al acordar el archivo, De la Mata constataba que han «pasado más de seis años sin que se haya recibido el esperado auxilio judicial internacional pese a los sucesivos recordatorios» y «más de un año desde el último» y si bien «ello no sería óbice» para seguir insistiendo conviene «revisar, por razones de economía procesal» si cabía mantener abierta la causa tras la reforma de la ley. (EFE/La Nación)