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Justicia ecuatoriana experimenta avances importantes hasta 2016

La grabación de las audiencias y las videoconferencias también han permitido un ahorro público millonario para el país

QUITO. El presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh, informó este miércoles sobre los avances en la justicia durante los últimos cuatro años, hasta diciembre de 2016. Dijo que hay más servicio público, en beneficio de más ciudadanos, con menos recursos y con el reconocimiento nacional e internacional.

Jalkh precisó que con la reforma judicial se han construido casi 250.000 metros cuadrados de nuevas unidades judiciales, de las cuales serán inauguradas dos en la capital hasta marzo próximo. Esto demuestra, dijo, el abandono en el que se encontraba la función judicial.

“Se ha construido mucho, pero eso ha significado sobre todo un medio para servir mejor, tenemos mejores instalaciones pero sobre todo tenemos jueces de carrera, y no como antes cuando el 60% eran de contrato”, añadió.

Contrastó que en la actualidad, los jueces alcanzan el puesto por un concurso e ingresan una carrera, lo que garantiza aún más su independencia judicial, complementada por un sistema de autodepuración judicial, con la evaluación de desempeño y el sistema disciplinario. A ello se suma la coordinación de audiencias y la realización de video-conferencias.

“Esto permite llegar con más servicio público, a más gente, usando menos recursos” sostuvo Jalkh quien se refirió al desempeño de la función judicial, tras la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Integral Penal, en 2014, y el Código Orgánico General de Proceso, en 2016. Con 2.083 jueces, el país se ubica por encima del promedio latinoamericano con 12 profesionales por cada 100.000 habitantes.

En cuanto a los fiscales, existen 5 por cada 100.000 y 4 defensores públicos por igual proporción de habitantes. Los jueces de paz suman 173, en 23 provincias y 140 parroquias rurales.

Los niveles de productividad, dijo Jalkh, se mantienen muy altos con una tasa de resolución de 1.28 casos, lo cual significa que se despacharon un número de causas mayor que las que ingresan, ya que se atendieron las que datan de años anteriores. No obstante, dijo que en 2016 hubo una reducción de unos 50.000 procesos probablemente por mayores exigencias para presentar demandas.

“Ya el papel no aguanta todo, las demandas tienen que ser serias”, acotó al explicar que también ello puede deberse a que se utilizan métodos alternos como la conciliación y la mediación lo que permite que muchos juicios se resuelvan a través del diálogo.

Indicó que en el ámbito penal el sistema procesal está prácticamente al día, porque lo que entra sale en los tiempos procesales que la justicia procesal determina, excepto en el caso de los prófugos, porque no existe el juzgamiento en ausencia.

Al propio tiempo se reducen las audiencias fallidas, que en 2012 sumaron casi el 30% de las 84.000 convocadas, mientras en 2016 fueron citadas 135.000 audiencias y fallaron menos del 4%. “Esto ha significado también un ahorro público muy interesante porque se ha evitado el desperdicio de recursos, de tiempo, de logística por las audiencias fallidas”, apuntó.

En el juzgamiento de delitos flagrantes, tanto en juicio directo (cuando la sanción es menor de 5 años); el proceso abreviado, el ordinario y el monitorio (por deudas) muestran cifras que evidencian una reducción en el tiempo procesal. Solo en los juicios directos, un 68% de los juzgados fueron declarados culpables y un 32% recibió la ratificación de inocencia.

Con respecto a las personas privadas de liberad, más del 70% han recibido una sentencia y un 28% esperan por un proceso penal dentro de los tiempos procesales previstos, “cifras ejemplares a nivel regional”, indicó el titular del CJ.

La grabación de las audiencias y las videoconferencias también han permitido un ahorro público millonario para el país, al no tener que ser transcritas las audiencias por los funcionarios, ni trasladados los reclusos hasta el tribunal, por ejemplo. (ANDES/LA NACIÓN)