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Justicia en Ecuador es revolución en inversión, infraestructura y logística, según magistrado peruano

El magistrado elogió el avance en la resolución de causas en el sistema de justicia ecuatoriano.

QUITO. El magistrado de la Corte Superior de Lima, Bonifacio Meneses González, destacó los avances en la justicia ecuatoriana y la calificó como una revolución en tecnología, inversión, talento humano e infraestructura. En entrevista con Andes dijo que los cambios en la justicia peruana se inspiran en el modelo de gestión ecuatoriano.

“Si pudiera calificarle (a la justicia ecuatoriana) del 1 al 10, le pondría 10, es increíble en la manera como Ecuador ha avanzado, es una revolución de carácter mundial en materia de justicia, no solo en inversión, sino en infraestructura, logística y capacitación” aseguró.

Considera que el país lleva pasos adelante en cuanto a la modernización de la justicia frente a Perú, porque tiene todas las herramientas necesarias para administrar justicia, con celeridad, eficacia y eficiencia y que esos componentes son los que encontraron en el Ecuador.

“Quiero reconocer que aquí no solo se ha invertido en cemento, se ha invertido en talento humano, lo que veo es la infraestructura, en diversos edificios, la logística, que el juez tiene todo a la mano, para impartir justicia con tranquilidad y con el acervo documentario, con todos los instrumentos tecnológicos” indicó Meneses.

El magistrado elogió el avance en la resolución de causas en el sistema de justicia ecuatoriano. Entre 2014 y 2016 se resolvieron 2´294.106 procesos, de 1´891.100, lo que quiere decir que en ese periodo se solucionaron causas que estaban pendientes de años anteriores.

Destacó el registro de audiencias en audio y video, la pericia en el momento, las declaraciones y testimonios, sumado a la capacitación de  los jueces, “que permite un juzgamiento adecuado en los estándares internacionales que quisiéramos todos los latinoamericanos” expresó el magistrado.

En cuanto al juzgamiento de las flagrancias, Meneses relievó la agilidad. “Sería ideal hacer la versión ecuatoriana de las unidades de flagrancia”, dijo al indicar que ya han inaugurado una unidad en Lima Sur y está por inaugurar la de Cajamarca, y posiblemente en Tacna.

En Perú se busca evitar que se declaren fallidas las audiencias, ya que en ese país tienen un alto porcentaje y generan un gasto. Meneses consideró que la capacitación a jueces y abogados en Ecuador en litigación oral y conducción de audiencias ha sido fundamental en ese ámbito.

Según datos oficiales del Consejo de la Judicatura del Ecuador, entre agosto de 2014 y mayo de 2016, un total de 2.390 jueces fueron capacitados en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y 6.355 jueces, en el Código Orgánico General de Procesos.

El jurista comparó un caso ocurrido en Tumbes, frontera con Perú, y en Huaquillas, límite con Ecuador. En ambos lugares una persona fue encontrada ingresando drogas a la cárcel. Dijo que en 4 horas, la pericia en Ecuador estaba lista, mientras que en el vecino del sur, tardó semanas esa confirmación.

“Nuestros laboratorios en ese caso no tuvieron la inversión necesaria, y por eso se demoran los procesos, mientras en Ecuador resolvieron el caso en 72 horas, en el otro, pasaron meses. Estamos a menos de 100 kilómetros de distancia, tenemos similitud en los delitos, pero tenemos un abismo en la logística y en el proceso de juzgamiento” aseveró Meneses.

Tres millones de dólares fue el presupuesto destinado en Perú para las unidades judiciales de todo el país, y el magistrado Meneses aseguró que esperan un mayor compromiso de su gobierno para invertir más recursos.

Mientras que en Ecuador, de 2011 a 2016, la inversión en infraestructura en justicia fue de 300 millones 915 mil dólares, esto comprende remodelación, nuevas construcciones, mejoramiento y readecuación en 17 provincias del país.

Tecnología en las unidades de flagrancia y cambios de fondo

El juez Superior Bonifacio Meneses visitó el país desde el año anterior diversas dependencias judiciales y evidenció que existen aspectos tecnológicos fundamentales como la existencia de cámara de gesell, que no permiten que la víctima vea a su agresor y que contribuyen a criterio del alto jurista, a evitar la revictimización de las personas afectadas por un delito.

“Lo ideal es que, cuando una persona comete un delito, la actuación de la policía, de Fiscalía, de la defensa se concentre en un solo lugar para que no se dispersen ni la evidencia, ni la prueba y que la víctima tenga una respuesta inmediata”, sostuvo al indicar que en Perú existe una infraestructura deficitaria con relación a la de Ecuador, en donde se tiene un espacio específico para las unidades de flagrancia.

En la unidad de flagrancia de Quito, el magistrado observó que delitos flagrantes se resolvieron en 8 horas con audiencia incluida, lo que en Perú hubiera demorado unas 72 horas, debido a que el fiscal en ese país tiene 24 horas para investigar y poner en conocimiento del juez. Y luego hay una citación 48 horas después para audiencia, lo cual “no debería ocurrir”, porque se trata de delitos flagrantes, dijo Meneses. (ANDES/LA NACIÓN)