La Comisión de Fiscalización aplazó para la semana del 29 de noviembre del 2021 la entrega del informe sobre el pedido de juicio político contra el superintendente de Compañías, Víctor Anchundia. El juicio es impulsado por los asambleístas Luis Almeida (PSC) y Ricardo Vanegas, de Pachakutik.

La entrega del expediente debía ocurrir hasta este domingo 28 de noviembre, pero los comisionados decidieron requerir a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, una prórroga de cinco días para esta tarea.

Las conclusiones y recomendaciones recogerán 120 pruebas documentales y 25 horas de grabación de 29 comparecencias, de un total de 60 que fueron programadas, indicó Carmen Íñiguez, quien es parte del equipo asesor de la Comisión.

Los asambleístas Almeida y Vanegas acusan al Superintendente de haber incumplido con las funciones de control al mercado de valores, lo que habría dado lugar a una millonaria estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Según el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind), el informe apuntará a develar las irregularidades que se dieron en el caso Isspol, que derivó en un cruce de acusaciones entre los exministros José Serrano y María Paula Romo.

Entre los elementos consta un cheque girado por Jorge Chérrez, principal acusado en esta trama, a favor de María Paula Christiansen, excolaboradora y parte del círculo de confianza de Serrano.

El caso de Anchundia -quien pidió que su juicio sea archivado “por falta de sustento”- es el cuarto juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización, después de aquellos que terminaron en la censura del excontralor, Pablo Celi, del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, y del exministro de Finanzas, René Ortiz.

En el último mes, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) admitió a trámite cuatro más: en contra de la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; del contralor subrogante, Carlos Riofrío; del procurador, Íñigo Salvador, y otro contra las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Si se toma en cuenta que a la Comisión le toma más de un mes sustanciar un pedido de este tipo, estos procesos quedarán para el próximo año. “El tiempo es difícil sí, pero estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que se cumpla (la fiscalización), nada quedará en la impunidad”, aseveró Bruno Segovia, integrante de la Mesa.

 

 

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