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Juicio político al CNE va a consulta del Procurador del Estado

La Comisión de Fiscalización enviará una consulta al procurador General del Estado, Íñigo Salvador, para decidir si continúa adelante con la sustanciación del juicio político a cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La resolución se aprobó por unanimidad este sábado 7 de mayo de 2022, después de que los comisionados conocieron la solicitud de interpelación por supuesto incumplimiento de funciones, que fue presentada por Joel Abad y Mario Ruiz, asambleístas de Pachakutik.

La intención es que el Procurador absuelva una consulta jurídica de esta mesa sobre la aplicación del artículo 19 de la Ley Electoral, que blinda a las autoridades electorales de un juicio político en medio de un proceso electoral.

La controversia surge porque dicho artículo se refiere a “proceso electoral”, mientras que el pasado 5 de febrero el CNE declaró el inicio del “periodo electoral” para los comicios seccionales del 2023.

Los alcances del juicio político
De allí que la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero (Creo), mocionó que el tratamiento del pedido de interpelación se suspenda “hasta que el Procurador emita su pronunciamiento de carácter vinculante”.

El asambleísta que fue parte de Pachakutik, Bruno Segovia, fue uno de los que votó a favor de esta consulta, pese a que señaló que las autoridades electorales deben respuestas sobre supuestas irregularidades en la segunda vuelta presidencial pasada, que fueron denunciadas por el expresidenciable Yaku Pérez.

“Es saludable una consulta al Procurador, al margen de los afectos y desafectos”, mencionó.

El pedido de interpelación de Abad y Ruiz tiene que ver con la organización del pasado proceso electoral. Por esta causa, ellos pidieron la interpelación de la presidenta del CNE, Diana Atamaint, el vicepresidente, Enrique Pita, el consejero José Cabrera y también del exconsejero Luis Verdesoto, actual secretario anticorrupción.

Abad se negó a retirar este pedido de interpelación, como sugirió el correísmo, para allanar el camino al juicio político a cuatro de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

 

 

 

 El Comercio