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Jueza deja sin efecto resolución de consejo naval que desconoce autoridad del Presidente

Los militares no acudieron a la diligencia que se desarrolló en el complejo judicial Florida, en el norte de Guayaquil, hasta donde llegaron decenas de simpatizantes del presidente Correa.

GUAYAQUIL.  La Justicia ecuatoriana dejó sin efecto la resolución de un Consejo de Disciplina militar que desconoció la autoridad jerárquica del presidente Rafael Correa en un caso que analizó un pedido de sanción a un oficial que respondió en términos insultantes a un correo electrónico del mandatario.

En la audiencia dentro de la acción de protección planteada por el jefe de Estado contra el fallo del tribunal disciplinario castrense, la jueza Vannesa Wolf dictaminó que efectivamente se vulneraron los derechos constitucionales del mandatario.

Con esto se deberá convocar a otro Consejo de Disciplina para que se juzgue la infracción imputada al capitán de corbeta Edwin Ortega.

En representación del presidente acudió a la diligencia judicial el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien sustentó los motivos legales de la demanda, en el sentido de que se vulneró el derecho constitucional del jefe de Estado al desconocerlo como su Comandante en Jefe.

Mera pidió a la jueza como reparación integral que se ratifique la autoridad del presidente y se garantice que dicha vulneración no se repita. Además indicó que no se pedirá ningún tipo de reparación económica.

El proceso se da como consecuencia de la resolución del Consejo de Disciplina de la Armada que inadmitió, el pasado 19 de agosto pasado, un pedido de sanción desde el Ministerio de Defensa en contra del capitán de corbeta Edwin Ortega por responder en términos insultantes un correo que envió el mandatario a varios militares sobre temas de coyuntura.

Los integrantes de ese consejo de disciplina son los capitanes: Luis Ordóñez, Luis Kon, Marco Cáceres, Diego Rubio y Zumárraga Pontony. Ellos por unanimidad resolvieron que no cabía la sanción al marino Ortega porque desconocieron la jerarquía del presidente en las FF.AA.

Los militares no acudieron a la diligencia que se desarrolló en el complejo judicial Florida, en el norte de Guayaquil, hasta donde llegaron decenas de simpatizantes del presidente Correa. Si lo hizo el oficial Ortega, acompañado de su abogado defensor, quien en declaraciones a los medios de comunicación cuestionó la resolución de la justicia.

Marco constitucional

La Constitución en su artículo 147, literal 16 hace referencia a las funciones del Presidente de la República, donde se estipula que ejerce la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, además de designar a los integrantes del alto mando militar y policial.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional dice textualmente: “El Presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce tales funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y más leyes pertinentes. Sus funciones constitucionales, en los aspectos político-administrativos, las implementará a través del Ministerio de Defensa Nacional; y, en aspectos militar- estratégicos, con el Comando Conjunto, sin perjuicio de que las ejerza directamente”.

Este proceso judicial se da en un contexto de tensión entre el presidente Correa y ciertos miembros en servicio activo y pasivo de las Fuerzas Armadas.

Las relaciones con los altos mandos militares se han deteriorado desde fines de 2015 por casos como: el juicio contra generales jubilados por actos de lesa humanidad, el sobreprecio de 41 millones de dólares por la venta de terrenos del parque Samanes y por la reforma planteada por el Ejecutivo a la Ley de Seguridad Social de las FF.AA, Policía y de pensiones.

Más allá del proceso judicial planteado, el mandatario ha insistido en señalar que el problema es un asunto de institucionalidad y ha identificado tres temas de fondo que derivan de esta pugna.

El primero, creer que el ISSFA es parte de las Fuerzas Armadas y el imposible de pretender su sostenibilidad financiera.

El segundo punto, es que sienten estas reformas como un paso más para desmontar su visión de una institucionalidad paralela, prácticamente las FF.AA. como un Estado dentro del Estado.

Y el tercer problema radica en el poder, en el que ciertos sectores militares jamás han aceptado estar bajo el poder civil, ni que el Presidente sea su máxima autoridad. “Para ciertos oficiales, que los ‘muérganos civiles’ les digan qué hacer con sus pensiones, supermercados o tierras, es sencillamente inconcebible, peor aún si ese ‘muérgano civil’ es un presidente de izquierda”, deploró el mandatario en un editorial publicado la semana pasada en el diario público El Telégrafo. (Andes/La Nación)