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Juez prohíbe la salida del país de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña

El magistrado Iván Saquicela pidió su presentación periódica y además, le prohibió la enajenación de un departamento en Quito

Sin la presencia de la exvicepresidenta de la República, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló la audiencia de formulación de cargos en su contra dentro del caso que se investiga por el presunto cobro de «diezmos» a sus exasesores, por el supuesto delito de concusión. En un inicio, la fiscal Ruth Palacios solicitó que se dicte prisión preventiva, pero se retractó al escuchar a la defensa de la exautoridad, y pidió su presentación periódica. Finalmente, el juez Iván Saquicela dictó medidas cautelares y le prohibió la salida del país. Deberá presentarse cada 8 días en la Corte de Justicia del Guayas.

El magistrado advirtió que si la Exsegunda Mandataria no cumple estas disposiciones, se podrá dictar prisión preventiva. Asimismo, prohibió que se enajene un departamento de propiedad de la exautoridad, que está en Quito.

La defensa de María Alejandra Vicuña indicó que su clienta se encuentra en el país y entregó un documento que lo avala. Además, alegó que no se cumplen los requisitos para dictar prisión preventiva. Entre tanto, la fiscal Palacios aseguró que, hasta el momento, Vicuña no ha justificado qué hizo con los aportes que, según comentó, eran voluntarios.

Asimismo, su defensa impugnó que se permita la intervención de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el juez Iván Saquicela acogió los argumentos presentados por el Director Nacional de Patrocinio, en calidad de delegado del Procurador General.

Dentro de los argumentos se señaló que el Estado ecuatoriano puede comparecer en la audiencia como víctima de la infracción, de conformidad con el artículo 441, numeral 6 del COIP y con mayor razón, por tratarse de un delito que afecta a la eficiencia de la administración pública. La judicatura notificó con el inicio de la instrucción fiscal por 90 días, tiempo durante el cual se recogerán los elementos de convicción.

Casi a inicios de este mes, la Exsegunda Mandataria rindió versión en la Fiscalía General del Estado y, a su salida, rechazó que se la acuse de haber cometido actos ilegales cuando recibió los aportes económicos de sus excolaboradores. Aseguró que estos recursos iban dirigidos a su movimiento Alianza Bolivariana Alfarista.

Además, aclaró que sus escoltas no fueron pedidos por ella, sino que el Servicio de Protección Presidencial le asignó uno con base en el Decreto Ejecutivo 1369. “No coman cuento”, respondió además, sobre el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que fue filtrado en redes sociales y en el que se establecen movimientos de altas sumas de dinero en su cuenta.

El escándalo se desató el 26 de noviembre de 2018, tras un reportaje televisivo que reveló que la funcionaria habría recibido «contribuciones» en su cuenta personal en 2011, 2012 y 2013. En la declaración juramentada, del 26 de octubre de 2018, consta que los pagos fueron en principio de USD $300 dólares mensuales durante 12 meses, luego de $1.400 durante otros 12 meses, lo que daría un monto total de USD $20.400.

El 12 de diciembre de 2018, la fiscal general subrogante, Ruth Palacios, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) fijar día y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Vicuña.

Iván Saquicela, juez de la sala penal de la Corte, pidió a la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2018 la autorización previa para comenzar el proceso penal contra la exvicepresidenta por concusión. El pleno del Legislativo tiene previsto tratar el tema esta semana.

El exasambleísta Andrés Páez interpuso el 27 de noviembre de 2018 una denuncia contra Vicuña por los delitos de concusión y tráfico de influencias, con base en la declaración juramentada y acusaciones del exasesor Ángel Sagbay, quien la señaló por el cobro de «contribuciones» para el movimiento de la Alianza Bolivariana Alfarista, de la que ella es militante.

(JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa/Fiscalía – Ecuadorinmediato.com – Procuraduría General del Estado