Un juez de garantías constitucionales de Pichincha negó la tarde de este miércoles una acción de protección interpuesta por el Colectivo Acción Jurídica Popular contra el Estado, supuestamente porque el personal médico y sanitario empleado en la emergencia que vive el país por el coronavirus COVID-19 se encontraría desprotegido al no contar con los insumos médicos suficientes para su protección y para tratar a los pacientes contagiados.

A la diligencia que se realizó en la Unidad de Flagrancia, ubicada al norte de Quito, asistieron funcionarios del Ministerio de Salud Pública y de la Presidencia de la República para dar respuesta a la acusación.

“Nos da un mal sabor la sentencia porque no se cumplen las garantías constitucionales. Según el juez, se está cumpliendo a cabalidad todo lo que se le dispone sobre el material que se le entrega al personal sanitario y ha omitido decir algo sobre el cinco por ciento del personal médico que sin la protección necesaria está teniendo contacto con personas contagiadas con COVID-19, lo cual es realmente preocupante”, señaló una de las integrantes del colectivo accionante.

La audiencia se instaló la mañana de este miércoles y la resolución del juez fue emitida cerca de las 13:00, luego de un receso que duró más de una hora. (I)

 

 

 

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