Fiscalía General investiga operaciones inusuales de movimientos en cuentas y recursos económicos de integrantes de Corte Constitucional

El juez constitucional Manuel Viteri Olvera publicó un documento en el que expone su inconformidad a las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra por enrequecimiento ilícito y lavado de activos. «Expreso mi más enérgico rechazo por esa vileza, producto de maniobras y miserables que tienden a manchar mi buen nombre y reputación por fines políticos de mala fe y ser cesado por el CPCCS-T», señaló en el escrito.

La Fiscalía General abrió la investigación por el presunto delito de lavado de activos a tres jueces de la Corte Constitucional: Manuel Viteri Olvera, Tatiana Ordeñana y Roxana Silva Chicaiza. El proceso consta en los registros digitales de la Fiscalía, y está fechado el 8 de junio del 2018, con el titular de oficio, “reporte de operaciones inusuales e injustificadas”, por el delito de “lavado de activos”.

Viteri Olvera aclaró que en enero de 2008 se jubiló de la Función Judicial, y en febrero de ese año ingresó al ex Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional, donde permanece desde hace 12 años.

«Como es fácil de deducir, no es posible aceptar que se me impute una indagación de hace ocho años por presunción de enrequecimiento ilícito, que debe estar archivada como corresponde y que mis gratuitos detractores pretender adjudicarme una responsabilidad penal que tiene que ver con el lavado de activos o lavado de dinero, el cual es un delito económico y financiero perpetrado generalmente por delincuentes de cuello blanco, que manejan cuantiosas sumas de dinero y que les da una posición económica y social privilegiada», agregó en el escrito.

Resaltó que luego de la noticia presentada por Diana Salazar, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económica (UAFE), por un presunto delito de enrequecimiento ilícito, declaró en la Fiscalía «que se trata de un error por una transacción fallida».

«Por qué se me ofende si los organismos de control aún no se han pronunciado. La Fiscalía o acusador particular, si lo hubiere, le corresponde probar los hechos de este delito. Hay que respetar la presunción de inocencia que es una garantía constitucional», manifestó.

(FO)