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Judicatura respondió a Human Rights

Jalkh sostuvo que estas afirmaciones carecen de sustento legal y generan confusión jurídica en muchos temas

QUITO. El Presidente Gustavo Jalkh y las autoridades de la Mesa de Justicia rechazaron el informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch que cuestiona al sistema judicial ecuatoriano.

En el documento emitido el pasado 21 de Julio, se asegura que en el Ecuador el sistema judicial retrasa indebidamente las apelaciones de manifestantes y posterga las audiencias en procesos en los cuales altos funcionarios habrían expresado su acuerdo con las condenas.

Sin embargo, HRW resaltó que ha estado estudiando varios casos que, según dice, demuestran que las revisiones de estos casos siguen demorándose. La organización pone el ejemplo de “Los 10 de Luluncoto”, un grupo de personas condenadas en febrero de 2013 por tentativa de terrorismo, cuando las únicas pruebas contra ellos consistían en artículos personales inofensivos, como libros, camisetas y música, hallados en sus domicilios, según HRW.

Sobre esto, Jalkh sostuvo que estas afirmaciones carecen de sustento legal y generan confusión jurídica en muchos temas. “Se dice que el principio de favorabilidad debería aplicarse de oficio, lo cual es una barbaridad. Tenemos una norma jurídica que establece que cuando hay sentencia, este principio se aplica solamente a solicitud de parte”, indicó.

Además, Jalkh, informó que con el incremento de jueces y fiscales la productividad aumentó tras la vigencia del Código Penal. Así, en 2014 se despachó un 130% de causas ingresadas, mientras que en 2008, se resolvió un 30%. “Esto, junto a la depuración y a la declaración de abandono de causas, representa una descongestión real del sistema. Esta tendencia se mantiene en el año 2015”, señaló.

Según el COIP, el principio de favorabilidad o ley posterior más benigna, estipula que “en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se debe aplicar la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción”.

En este marco, Jalkh destacó que desde la vigencia del COIP, esta disposición se aplica con total celeridad. Se presentaron 2.792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron 2.775 y 17 están agendadas. Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538 requerimientos fueron negados. No hay ninguno pendiente.

Finalmente, explicó que en el país la dilación de la justicia se sanciona. “Si alguien tiene problemas de retraso en su causa, puede presentar una queja en el Consejo de la Judicatura y nosotros la atenderemos”, dijo. (DO/ CJ/El Ciudadano)