Organismo justificó suspensión e informó que resolución ha sido enviada a Fiscalía

Tras el revuelo que causó la suspensión de la jueza de la Unidad Multicompetente, con sede en el cantón Samborondón, Paola de los Ángeles Dávila López, quien otorgó la libertad al ex Ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, en el caso de presunto lavado de activos, el Consejo de la Judicatura justificó la decisión, explicando que la misma fue tomada después de una denuncia de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El pasado lunes, tras la audiencia de revisión de medidas cautelares, la jueza Dávila levantó la orden de prisión y dispuso medidas cautelares como prohibición de salida del país, uso de brazalete electrónicos y la presentación ante autoridad los lunes, miércoles y viernes para Iván Espinel y Walter Andrade, vinculado en la investigación.

Ante la decisión judicial, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) exteriorizó, mediante comunicado de prensa, su enérgico rechazo ante la revocatoria, pues, según dijo, los elementos presentes al momento de ordenar la prisión preventiva no han variado.

De su lado, el Consejo de la Judicatura tomó la decisión de suspender por 90 días a la jueza tras la denuncia presentada por Diana Salazar, directora del Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Pese a la oposición de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, quien expresó su «indignación y oposición» al respecto, pues considera que se debe respetar de manera «absoluta» las facultades jurisdiccionales e independencia de los jueces.

Posteriormente, en un comunicado de prensa, se explicó que el Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo, tomó la decisión.

“La medida provisional estará vigente por 90 días y se la adoptó con base en una denuncia presentada por Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)”, mencionó.

“La resolución firmada por el Presidente Merlo se sustenta en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece que el titular del CJ tiene la atribución de suspender, sin pérdida de remuneración, a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes”, añadió la Judicatura.

Y recalcó que el documento de suspensión contra la jueza Dávila determina que este es un caso “donde se advierte una presunta infracción disciplinaria y presuntas actuaciones en contra de ley expresa”.

“En texto dispone que la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura inicie un sumario disciplinario en contra de Dávila. Asimismo ordena que la copia de la denuncia de la UAFE y la suspensión se remitan a la Fiscalía General del Estado para que ese organismo inicie la respectiva investigación y determine la existencia de posibles delitos de acción pública”, acotó.

Con información de Ecuadorinmediato y Consejo de la Judicatura

(PAY)