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Jorge Glas llega a los cinco años de cárcel con tres condenas por actos de corrupción; la unificación de penas para conseguir la prelibertad sigue en la mira

Faltaban pocos minutos para la medianoche del lunes 2 de octubre de 2017. Un carro todo terreno de color oscuro se estacionaba velozmente frente al ingreso de la denominada Cárcel 4, al norte de Quito.

Del automotor, en medio de escoltas presidenciales y agentes policiales, se bajaba un Jorge Glas que siendo vicepresidente de Lenín Moreno se entregaba voluntariamente a la justicia. Se le había definido una orden de prisión preventiva dentro de un proceso penal por el delito de asociación ilícita parte de la trama de corrupción que la empresa brasileña Odebrecht implementó en Ecuador, al igual que lo hizo en otros países de la región.

Desde ese momento para Glas han significado 1.785 días en dos Centros de Privación de la Libertad (CPL); dos sentencias en firme como autor de delitos como asociación ilícita y cohecho pasivo agravado; una sentencia de primera instancia por peculado dentro del caso Singue; la entrega de dos habeas corpus en primera instancia -uno de los cuales le permitió salir de la cárcel por 40 días-, aunque los mismos le fueron rechazados en apelación, dejando a uno de los jueces que le otorgaron el beneficio fuera de la Función Judicial y al otro en una situación que está aún por definirse en lo administrativo.

Recurrir al ‘habeas corpus’ fue una constante en la defensa jurídica de Jorge Glas desde el 2017

La primera sentencia para el exvicepresidente llegó el 13 de diciembre de 2017. A él como exministro de Sectores Estratégicos de Rafael Correa; a su tío Ricardo Rivera, del sector de las telecomunicaciones; al exfuncionario de Senagua, Carlos Villamarín; al empresario Édgar Arias y al exfuncionario de Petroecuador Ramiro Carrillo, se les sentenciaba a seis años de reclusión como autores directos de asociación ilícita.

Además, tres empresarios: Gustavo Massuh, Rubén Terán y Kepler Verduga recibían penas modificadas de 14 meses de cárcel por la cooperación eficaz entregada a la Fiscalía.

Dos años y cuatro meses después, se le sumó a Jorge Glas una nueva pena de ocho años de prisión dentro del denominado caso Sobornos 2012-2016. Él y su exbinomio Rafael Correa fueron condenados como autores mediatos por instigación. Otras 18 personas, entre exfuncionarios de ese régimen y empresarios privados, recibían en mayoría penas de ocho años de prisión.

Solo a las exasesoras de Presidencia Pamela Martínez y Laura Terán se les definió penas de nueve meses y 22 días y tres meses de arresto, respectivamente, por el delito de cohecho.

Para Fausto Jarrín, asambleísta de la Revolución Ciudadana que renunció a ese cargo para asumir nuevamente la defensas de sus “compañeros perseguidos”, entre ellos Glas y Correa, en estos cinco años al exvicepresidente se le ha violado sucesivamente sus derechos a un juicio justo y a un debido proceso. Uno de los ejemplos que el abogado expone para ejemplificar su teoría es el no cumplimiento de la boleta de excarcelación que se le otorgó en el habeas corpus que le concedió un juez de Manabí.

“Más allá de si les gusta o no como se haya procedido dentro de una garantía constitucional, las disposiciones se cumplen porque sino hay responsabilidades de por medio”, explicó Jarrín, quien señaló que avanza la denuncia por el secuestro de Glas contra el presidente Guillermo Lasso y otros, además de una acción de incumplimiento presentada ante la Corte Constitucional.

A inicios de 2020, a favor de Jorge Glas se aceptaron las medidas cautelares pedidas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta instancia solicitó al Estado ecuatoriano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad del ingeniero de profesión, quien ha señalado que no han sido atendidos sus graves problemas de salud que mantenía, ni otros que se le han presentado por el encierro y el haber presenciado amenazas y masacres en el interior de la cárcel de Latacunga.

Fuente: thenews.ec