En el primer diálogo semanal de este nuevo año, el prefecto ratifica que en mayo se firmará el contrato para el dragado del río Guayas

GUAYAQUIL. «2015 fue un buen año a pesar de la situación de iliquidez que atraviesa el país», expresó el prefecto Jimmy Jairala la mañana de este jueves 7 de enero de 2016, desde radio Huancavilca.

Con esta frase, Jairala inició el primer diálogo semanal correspondiente al nuevo año, y evaluó el accionar de la Prefectura del Guayas. Pero también habló de retos. Uno de ellos es concretar el dragado del río Guayas, una obra que no fue atendida por ninguna autoridad en 50 años. «Estamos en los trámites que nos van a conducir al final de mayo a firmar el contrato; y estaremos procediendo lo más pronto que sea posible con el dragado».

Eso sí, el ejecutivo guayasense dejó en claro que, para ello, ha cumplido con aspectos técnicos y legales; y así desvirtuó señalamientos de que la sedimentación del río incidirá en inundaciones en Guayaquil y la cuenca del río Guayas ante la amenaza del fenómeno El Niño.

«Yo espero cumplir con la ley. En el momento en que incumpla con la ley, estoy a las puertas de cometer un acto doloso o peculado. Y eso no lo vamos a hacer. Tenemos que hacer las cosas en orden y por eso el dragado va a llegar cuando demos todos los pasos previos, que comprenden inclusive tener a disposición el crédito internacional por 60 millones de dólares».

El ejecutivo guayasense también ratificó el rechazo a la propuesta de reformas que oficializó el Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare) ante la Asamblea Nacional para que a los prefectos se los elija solo con votación de las parroquias rurales.

Jairala dejó sentado que tiene mucho respeto hacia las juntas parroquiales rurales y que, de hecho, con las del Guayas tiene una magnífica relación. «Yo respeto también cuando de las juntas parroquiales, en este caso Conagopare, surgen ideas positivas. Pero cuando nos plantean cosas sin pies ni cabeza, absolutamente deleznables, hay que rechazarlas».

Ese rechazo se vio traducido en la decisión unánime del Consejo Provincial del Guayas de emitir un manifiesto que fue aprobado, incluso, con los votos de los siete delegados de presidentes de juntas parroquiales que forman parte del pleno.

La propuesta del Conagopare, agregó, no ha sido sociabilizada, lo que explica que presidentes de juntas parroquiales de Guayas, Pichincha y otras provincias se estén sumado al rechazo. «Es malo hasta para las juntas parroquiales, para las prefecturas y para los municipios», reiteró.

En ese sentido, recordó las afectaciones que habría para el país y para los gobiernos seccionales de darse paso a una reforma que podría constituir una enmienda constitucional. El primer problema es financiero. Al elegirse prefectos o prefectas solo con la población de las juntas parroquiales rurales, la asignación de recursos del Estado al Gobierno Provincial el Guayas se reduciría de USD 160 millones a USD 20 millones. «¿De dónde van a salir esos 140 y pico de millones necesarios para redondear el presupuesto? ¿Cómo va a ser la Prefectura sujeto de crédito para hacer carreteras? ¿Quién va a pagar lo que quedarían debiendo todas las prefecturas?», cuestionó.

El otro problema es de afectación a los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos «que son libres de votar por quien les dé la gana». Lo otro sería una reforma o enmienda constitucional sobre la integración del Consejo Provincial. «Si hoy son 25 alcaldes y/o sus delegados más siete de los 29 presidentes de las juntas parroquiales, más prefecto, más viceprefecta; esa conformación cambiaría a prefecto, viceprefecta y los representantes de juntas parroquiales o los presidentes de las juntas».

Según la reforma planteada, agregó, los alcaldes no tendrían nada que hacer en el pleno, lo que produciría un divorcio, un distanciamiento y un quiebre en la relación que ha sido –en la mayor parte- buena entre la Prefectura y los burgomaestres. Además, 14 de los 25 cantones del Guayas no tienen parroquias rurales, lo que les quitaría representación ante el Consejo.

El proyecto también prohíbe la firma de convenios entre prefecturas y municipios, lo que en Guayas afectaría las obras para cantones, pues los alcaldes buscan alianzas estratégicas para intervenir en determinadas áreas donde no pueden hacer trabajar. «Es un golpe y un debilitamiento para las prefecturas y para el municipalismo… Si esto fuera algún día ley de la República, que espero que no, es una verdadera sentencia de muerte para las prefecturas, que pasarían a reducirse más o menos a una tenencia política».

Jairala reconoció que, efectivamente, aún hay necesidades en las zonas rurales. «Pero no puede resultar el remedio peor que la enfermedad. En este momento, lo que debería hacerse a nivel del Gobierno o de los autores de esta malhadada idea es fortalecer a los gobiernos intermedios, en lugar de debilitarlos… Los gobierno intermedios son los grandes aliados de la función pública nacional». (Prefectura del Guayas/La Nación )