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Jairala: Lista la licencia ambiental

Mañana se emitiría licencia ambiental para el puente Guayaquil-La Puntilla, si todo está en orden.

GUAYAQUIL. El prefecto del Guayas, Jimmy Jairala reveló que mañana se emitirá la licencia ambiental para el puente Guayaquil-La Puntilla. El estudio de impacto ambiental final que entregó el Municipio de Guayaquil, la mañana del miércoles pasado, está en análisis de la Dirección Provincial de Gestión Ambiental. “Si todo está en orden, nosotros, mañana (viernes), alrededor del mediodía o un poco antes, ya podemos entregar la licencia ambiental para que pueda iniciarse la construcción”, recalcó el ejecutivo guayasense.

En otro tema, Jairala analizó la propuesta que hizo el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales (Conagopare) para que se reforme el ámbito de acción y elección de las prefecturas. “No es cierto que las prefecturas tengan olvidadas a las zonas rurales”, dijo Jairala al inicio de su intervención, al evaluar el pronunciamiento de la Conagopare de que los gobiernos provinciales no trabajan en el sector rural. En el caso de Guayas, el trabajo se traduce en el mejoramiento de caminos vecinales, atención médica y el desarrollo productivo.

Por ello, advirtió que de aprobarse la reforma, “puede constituirse en un búmeran y resultará el pretendido remedio peor que la enfermedad”.

Los argumentos de Jairala para sustentar esa afirmación son puntuales. En primer lugar, si se evalúa la reforma desde la constitucionalidad hay una afectación de derechos. “Hay muchos ciudadanos que viven en cantones, donde las prefecturas realizan, con bastante frecuencia, convenios para atención de determinadas obras”.

En el caso de Guayas, esos convenios se han traducido en obras: la construcción de pasos laterales, la rehabilitación del ingreso a la cabecera cantonal de Lomas de Sargentillo, el asfaltado de calles, la rehabilitación del malecón de Playas y la atención a las zonas marginales de las cabeceras cantonales. “No podríamos hacerlas si ocurre el planteamiento de las juntas parroquiales. Por eso, puede haber una afectación de derechos y hay que analizar la parte constitucional”, insistió.

De prosperar la reforma, en el caso de la provincia guayasense se detendrían obras que promueven el desarrollo de los cantones, como el Malecón de Playas. Otro argumento a tener en cuenta es el de las rentas. Las asignaciones del Gobierno Nacional a las prefecturas se miden en función de la población. “Si nos ponemos a sumar el número de habitantes del sector rural y se hace lo que plantea el Conagopare, ninguna cabecera cantonal estaría incluida en la estimación del número de habitantes que van a ser atendidos”. (DO/La Nación)