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Investigan en Ecuador cerca de 1.300 casos de pagos ilegales en la Policía

Con esta vinculación, la Fiscalía amplía en 30 días más la instrucción fiscal

QUITO. Dos coroneles y un general de la Policía en servicio pasivo fueron vinculados en el caso ‘González y Otros’ que se juzga por ejecución extrajudicial y desaparición forzada ocurrido en 2003 en la ciudad porteña de Guayaquil.

Los oficiales que fueron vinculados por la Fiscalía por el supuesto delito de plagio dentro de este caso, mientras duren las investigaciones tienen prohibido la salida del país y de enajenar bienes así como la obligación de presentarse cada 15 días ante la autoridad judicial.

Al respecto, el viceministro de Seguridad Interna, Diego Fuentes, mencionó que las autoridades de Ecuador investigan cerca de 1.300 casos de pagos ilegales por el cambio o mantenimiento de destino de agentes de la Policía. “La indagación, conocida como el caso de los pases policiales, no se centra en determinar quién solicitaba dichos traslados de agentes, sino en la estructura que estaba conformada por oficiales de la Policía Nacional en cargos estratégico” y que cobraban entre 1.500 y 5.000 dólares”, informó el viceministro.

De acuerdo con las pesquisas, Fuentes aseguró que la red generaba arbitrariamente la necesidad de un pase, ya que supuestamente trasladaba plazas de trabajo de miembros de la institución policial a quienes daba la opción de quedarse en el puesto a cambio de dinero.

Ante ello, los ciudadanos Hugo R., Edgar V. y Antonio G. fueron vinculados porque en opinión de Fiscalía, tenían que investigar los hechos de las desapariciones, por disposición del Comandante General de la Policía (de ese entonces). “Tenemos pruebas documentales de que ellos fueron dispuestos a través de un telegrama oficial. Es decir que hubo una omisión a la investigación de esas desapariciones”, dijo el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien sostuvo que el tipo penal de desaparición implica, no solo la ausencia de esas personas, sino la falta de la información a sus allegados.

“No se comunicó dónde estuvieron detenidos,  la institución policial no informó sobre los registros de estas personas que, supuestamente, ingresaron a la Policía Judicial (en Guayaquil, el día de los hechos)”, recalcó Chiriboga.

Con esta vinculación, la Fiscalía amplía en 30 días más la instrucción fiscal (periodo de investigación)  que, desde la formulación de cargos del 27 de junio del 2016, se determinó en 90 días. Al momento son 18 los procesados.

Este caso data del 19 de noviembre del 2003, cuando un grupo policial ejecutó un operativo en una farmacia, en Guayaquil, donde murieron ocho personas y desaparecieron otras cuatro. (VCV/La Nación)