Opinión

Informes secretos y Decreto 318

Raúl Hidalgo Zambrano/Guayaquil

El presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, emitió el decreto ejecutivo 318 el 2 de julio, declarando estado de excepción para 6 provincias y un cantón, debido a una grave conmoción interna y ratificando la existencia del conflicto armado interno. Esta vez, las motivaciones están reordenadas y más completas, según lo requerido por la Corte Constitucional para su análisis de constitucionalidad y cumplimiento normativo. ¡Esperemos que esta vez no sea rechazado nuevamente!

Las provincias afectadas por este decreto son Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena, Orellana, y el cantón Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. En estas áreas se restringen los derechos de inviolabilidad de domicilio y correspondencia, además de la libertad de asociación y reunión. Es de conocimiento público el incremento significativo de actos criminales en estos lugares, los cuales se detallan en los fundamentos fácticos del decreto.

Lo más notable se encuentra en las disposiciones generales, específicamente en la cuarta, que establece: «Se dispone al Centro de Inteligencia Estratégica, Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Secretaría Jurídica de la Presidencia que, de manera excepcional, en caso de requerimiento por parte del juez o jueces de la Corte Constitucional y mediante el acto procesal correspondiente, se exhiban por única vez, exclusivamente a dicho juez o jueces, los informes contenidos en los oficios Nos. CIES-SUG-S-2024-PF, CIES-SUG-S-2024-026-PF, CIES-SUG-S-2024-0086-OF, y MDN-2024-1437-OF, relacionados con los grupos armados organizados, su parametrización y acciones, sin que esto implique su desclasificación ni permita su transmisión, divulgación o reproducción por ningún medio».

El decreto ha sido mal visto por los grupos criminales debido a la presión ejercida por el Estado a través de sus fuerzas de seguridad. Sin embargo, es criticable que ciertos grupos políticos, anarquistas, figuras influyentes en redes sociales y personas contrarias al gobierno, en lugar de oponerse a los grupos criminales, directa o indirectamente se opongan a las autoridades gubernamentales, descalificando el decreto y validando desinformación recibida a través de teléfonos móviles manipulados por trolls y difundida por call centers pagados por organizaciones criminales y sus aliados.

«Es un dilema», una frase que tiene sus orígenes en los azotes que recibían los esclavos en las galeras. Hoy en día, se utiliza comúnmente para ilustrar una situación donde una persona recibe críticas sin importar lo que haga. Para estas personas, no hay razones válidas; todo está mal. Por ejemplo, estamos enfrentando un conflicto armado interno y algunos demandan la divulgación del plan de operaciones Fénix y de informes secretos de las instituciones de seguridad. ¿Cuáles podrían ser los intereses detrás de estas demandas?

En resumen, la cuarta disposición general del decreto 318 está bien definida: los informes secretos sobre los grupos enemigos solo podrán ser vistos una vez por los jueces de la Corte Constitucional y no podrán ser divulgados. En un conflicto armado interno, la información clasificada no debe entregarse ni a criminales ni a quienes critican sin fundamento.