Jorge Gallardo Moscoso/Guayaquil

¿Por qué la Fiscalía niega una declaración telemática a Fabián Calero, ex viceministro de Electricidad y ex gerente de la Corporación Eléctrica (CELEC), dentro del caso Progen? ¿Por qué la Fiscalía acepta declaraciones telemáticas de otros procesados en el mismo caso? ¿Tiene la Fiscalía intereses particulares, está siendo presionada, quiere salvar a algunos y cargar la responsabilidad sólo sobre otros sin importar la inocencia o culpabilidad? Una actuación discriminatoria, sesgada, alejada notoriamente de impartir justicia correctamente, ¿qué calidad de respeto y de honor le otorga a la Fiscalía?
Las preguntas relacionadas deben ser tantas más. Y no se trata de defender a uno o más de los acusados en este delito de estafa millonaria cometido contra el Ecuador, con la complicidad por supuesto de autoridades e intermediarios. Tampoco el propósito es acusar a los que rápida y solícitamente han sido marginados del proceso fiscal y que, de acuerdo a las investigaciones realizadas, informes levantados, declaraciones formuladas, chats publicados, etcétera, etcétera, de una u otra manera tuvieron que ver con el grave perjuicio, económico y energético, ocasionado al país. El objetivo es que los ecuatorianos conozcan exactamente qué fue lo que pasó con este negociado y que los verdaderamente culpables paguen con la cárcel y la devolución de los recursos obtenidos ilícitamente.
El asunto, además, no se queda en la Fiscalía, sino que va más lejos cuando el mismo Calero, que ha presentado por escrito su versión ampliada, libre y voluntaria; que tiene orden de detención y está fuera del país, en una carta publicada en la cuenta de un periodista ecuatoriano radicado en Estados Unidos, afirma que «no hay garantías de que no me vayan a ‘suicidar’, como sucede muy comúnmente con los que se atreven a denunciar la corrupción». A priori puede decirse que se trata de una manera de justificar su ausencia física, sin embargo, en lo medular lo dicho golpea severamente a la administración de justicia y lo que acontece en los presidios.
Al margen de lo que hasta ahora sucede con el caso Progen y sus colaterales, los ecuatorianos exigen cambios radicales en la acción judicial, independencia total en ella. Demandan de jueces de idoneidad a prueba de misiles en todos los casos. Quieren tener la certeza de que la injusticia ni siquiera por error de buena fe aparezca. Aspiran a que ni las manos sucias ni las pezuñas de los políticos intervengan e interfieran en ella. “Donde no hay justicia, no hay libertad”. ¡Sin justicia real, no hay pueblos libres!