Opinión

IMPUESTO AL PATRIMONIO

Eco. Marco Flores T./ Quito

 

Las propuestas para crear impuestos al patrimonio nunca reparan en los efectos negativos que siempre causan sobre el ahorro, inversión, salida de capitales, producción, empleo y recaudación tributaria. A todas las consecuencias destructivas hay que sumar las inconsistencias y abusos que se producen en los avalúos de los activos que integran el patrimonio propio e intergeneracional.

En los contadísimos países donde todavía se aplica este dañino tributo, muchos no pueden pagarlo. No todo patrimonio genera rentas ni implica que proporcionalmente se ha de disponer del dinero para poder hacerlo. Especialmente los contribuyentes de mayor edad con activos patrimoniales que no generan rentas se enfrentan a la imposibilidad de pagarlo, viéndose forzados a liquidar parte de su patrimonio, sin considerar que el impuesto grava bienes y activos por los que ya se pagaron tributos.

Para la mayoría de las personas el centro del patrimonio constituye su vivienda que regularmente sube de avalúo por la acción municipal o del mercado de bienes raíces, elevando su valor nominal, pero sin que en absoluto mejoren su ingreso efectivo disponible. Este nocivo impuesto además perjudica la seguridad que exige la inversión productiva. Sectores como el de la construcción y el inmobiliario son gravemente afectados por destrucción de demanda.

En lugar de orientar la política económica a luchar contra la pobreza permanentemente se invoca la búsqueda de una imposible igualdad entre ricos y pobres, prometiendo beneficios para los más vulnerables, marginados y desempleados que nunca se harán efectivos. Algo así como ofrecer la felicidad por decreto, usando el ahorro patrimonial que otros alcanzaron como fruto de su esfuerzo.

La desigualdad no da origen a la pobreza y es destructivo confundir la pobreza con desigualdad. El mayor interés de las personas radica en ampliar sus ingresos, progresar y vivir mejor con sus familias antes que en alcanzar esa imposible igualdad entre ricos y pobres. Los ricos no son causantes de la pobreza, ni existen pobres porque existen ricos. Los ricos productivos invierten, generan empleo, producción, exportaciones y divisas.

No son pocos los ejemplos que bajo el disfraz de «proyectos políticos progresistas» proclaman la búsqueda de una igualdad económica que no solo no reduce pobreza, sino que invariablemente la promueve. Unos cuantos países han alcanzado esa igualdad, pero no en progreso y bienestar, sino en opresión y miseria. Imponer un impuesto al patrimonio sobre bienes muebles, inmuebles, joyas, dinero, inversiones financieras y otros activos, solo es causa de daños económicos y sociales.

Los impuestos deben ser progresivos, pero sobre el ingreso disponible, respetando unos límites que no alejen la inversión productiva. Pero no es raro escuchar a autoproclamados «expertos tributarios» promocionar la necesidad del impuesto, opinando desde una ignorancia que pretende reducir la economía a simple contabilidad, sumas y restas, como si fuese estática y lineal, desconociendo las destructivas consecuencias macroeconómicas de una propuesta que castiga el ahorro, única fuente que permite dar origen a la inversión productiva, generadora de crecimiento, empleo y progreso.

El impuesto al patrimonio es la propuesta de quienes tampoco reparan en sus negativos efectos sobre la balanza de pagos, competitividad y seguridad tributaria. En Ecuador impulsaría la inminente salida de capitales y con seguridad impediría que otros vengan al país, contrayendo aún más la ya paupérrima inversión productiva por persona que solo el año 2020 se redujo en 13.1 %, mientras el ingreso per cápita real de los ecuatorianos descendía al nivel de hace 11 años.

Está claro porque el impuesto al patrimonio ha fracasado en todo el mundo tanto que solo existe en media docena de países y con cambios sustantivos. Es la forma de apropiarse del esfuerzo ajeno, previsto para cuidar de la familia, enfrentar lo incontrolable y vivir la vejez.