Orlando Amores Terán/Quito

«Quien desea la paz, se prepara para la guerra». Dicho por el historiador Vegecio, en el año 390.

Los romanos debieron su poder, a su austeridad, perseverante entrenamiento militar, estricta disciplina en sus cuarteles y a su extenso tejido de informantes.

El mayor canalla antipatria y ladrón de Ecuador, hizo justamente lo contrario con nuestra fuerza pública:

Aumentó sus salarios, para obtener silencios.

Impulsó la lucha de clases en los cuarteles.

Auspició la penetración de los DDHH dentro de la fuerza pública, cuya formación ya tuvo síntomas de debilitamiento, por la implementación, a finales de los 70, de la «disciplina consciente».

Burocratizó a militares y policías.

Eliminó sus fueros militares y policiales.

Degradó a militares y policías, a la categoría de sirvientes públicos.

Destruyó la tradición, usos, costumbres castrenses y policiales.

Arranchó instituciones emblemáticas, que funcionaban de modo eficiente bajo autoridad militar y policial, para destruirlas.

Contaminó de indisciplina y adoctrinamiento «progresista» los cuarteles.

Aniquiló los servicios de inteligencia, contrainteligencia y contrainsurgencia.

Y, prohibió que la población civil porte armas.

Hoy el resultado está a la vista, una fuerza pública desmotivada, una sociedad descompuesta, cuyo narcoestado oclocleptocrático, se encuentra bajo la férula del narcoterrorismo, autodenominado socialismo del s.XXI.

Diputados calificados de «analfabetos constitucionales», por el insigne presidente de la Corte Constitucional que aprobó en 2019, por unanimidad, nuestra propuesta de Reforma Constitucional, para eliminar las funciones e instituciones creadas por el narcoterrorismo.

Los patriotas, los libertarios, no podemos descansar, ni distraernos, hasta destruir esa estructura perversa, que se expresa en la Carta Chávez.