El documento establece el marco institucional para la prevención de drogas y las obligaciones de los sujetos de control y los efectos de sus incumplimientos.

QUITO. El análisis en primer debate del proyecto de Prevención de Drogas y Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, se realiza hoy, a las 15:00, con el propósito de conocer, analizar y votar sobre dicho informe que contiene 25 artículos relacionados con el régimen institucional, facultades, obligaciones, faltas y sanciones administrativas y procedimiento.

Según la propuesta, para efectos de prevención y atención integral de uso y consumo, se entenderá por drogas a todas las bebidas con contenido alcohólico; cigarrillos y otros productos derivados del tabaco; sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que los contengan; sustancias de síntesis; y, sustancias de uso industrial y diverso como pegantes, colas y otros que son usados a modo de inhalantes.

El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Carlos Velasco, quien presento la propuesta, replantea la legislación nacional en materia de drogas y sustancias sujetas a fiscalización en todos sus puntos, siendo su objetivo establecer el marco institucional para el abordaje del fenómeno social de las drogas, enfocado en la prevención integral del uso de esas sustancias y sus riesgos asociados.

Además, determina los derechos y obligaciones de los regulados. El ámbito de la misma abarca el abordaje completo del fenómeno social de las drogas en el país y declara de interés nacional la política pública en esta materia.

El proyecto clasifica con claridad lo que se debe entender por drogas y otras sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, incluyendo un listado de anexos de sustancias sometidas a este régimen, recoge los avances en la materia de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, lo que permite claridad al operador legal y al administrador de justicia en pro de la adecuada interpretación y aplicación de la ley.

El proyecto fue socializado con instituciones como el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Gestión Inmobiliaria del Sector Público – INMOBILIAR.

También con los ministerios Coordinador de Desarrollo Social, de Inclusión Económica y Social, del Interior, de Justicia y Derechos Humanos, de Educación, Consejo Nacional de la Judicatura, Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, Organización Diabluma y Ecuador Cannábico, Fundación Nuestros Jóvenes, Sociedad Científica de Psiquiatría del Ecuador. (Red. La Nación/Asamblea)