Opinión

Gustavo Petro puede ser el presidente que prometió ser como candidato

Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Por más de 30 años ha investigado el conflicto armado y político de Colombia. Autora de una veintena de libros.

No es lo mismo ser candidato que ser presidente. Así parece entenderlo Gustavo Petro, quien ganó las elecciones presidenciales de Colombia el pasado 19 de junio, y quien ha tenido que ir aterrizando sus propuestas de campaña y los compromisos que adquirió con sus más de 11 millones de electores.

Colombia vive un momento de esperanza e ilusión por el cambio que ha ofrecido el primer presidente de izquierda de su historia. Desde su elección, el futuro presidente ha logrado construir mayorías holgadas en el Congreso y se ha podido deslindar de la ideología extrema de izquierda. Sin embargo, sus propuestas son tan radicales que, aun bajo esta situación, le será muy difícil cumplir lo prometido.

En su discurso del triunfo, el presidente electo declaró: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. No porque lo adoremos». Esto encara plenamente al fantasma que siempre ha perseguido a Petro: el de su supuesta cercanía a las ideas castrochavistas. Y para que no quedaran dudas, nombró a un economista ortodoxo, el profesor de la Universidad de Columbia, José Antonio Ocampo, como ministro de Hacienda.

La paz, la justicia social y un manejo industrial y extractivo que tenga pleno respeto por el medio ambiente fueron los mantras de Petro durante la campaña electoral. En esos temas también ha dado algunos pasos. El primero fue el 28 de junio, cuando acudió a la ceremonia de entrega del informe final Hay futuro si hay verdad presentado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Esta investigación ha sido duramente criticada por la derecha, la cual asegura que no es equilibrada en la forma como plantea los hechos acontecidos durante 60 años de conflicto armado en Colombia. Pero tal parece que eso no le preocupa mucho al presidente electo, quien anunció durante la ceremonia que su gobierno acatará las recomendaciones sugeridas por el informe para garantizar la construcción de una paz estable y duradera.

Después, con el nombramiento de su ministro de Relaciones Exteriores, el gran adalid de la paz Álvaro Leyva Durán, rubricó esa voluntad. Además, le delegó al nuevo canciller planificar la reanudación inmediata de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, rotas desde que el actual presidente Iván Duque reconoció a Juan Guaidó como presidente interino del país vecino.

Aunque estos han sido primeros pasos bastante sólidos, el mejor de sus avances ha sido mirar más allá de la violencia endémica o de los graves problemas de desigualdad social y económicos que vienen desde que, en los años 50 del siglo pasado, comenzó la verdadera industrialización del país. Sin embargo, será un reto adicional tratar de revertir la forma en que el presidente Duque y sus coequiperos del gobierno, que van de salida, han aprovechado hasta el último minuto para hacer contratos billonarios —comprometiendo vigencias futuras del presupuesto nacional— y dejar a sus cercanos en juntas directivas, notarías y cargos diplomáticos. Y lo que es más grave de todo, una estela de corrupción que ha causado gran indignación.

Todos estos problemas quedaron evidenciados en el informe del empalme entre el gobierno que sale y el que entra. Según los delegados de Petro, el gobierno de Duque raspó la olla del erario público y dejó desfinanciados programas sociales tan importantes como Ingreso Solidario, que actualmente beneficia a cuatro millones de ciudadanos en situación de pobreza extrema, que dejarán de recibir un subsidio cada dos meses equivalente a unos 90 dólares por hogar. Así, aunque las intenciones sean las mejores, será muy difícil tratar de trabajar con el cambio social prometido sin los recursos necesarios para desarrollar los programas.

Con su toma de posesión el próximo 7 de agosto, entrará en vigor un gran acuerdo nacional con la mayoría de las fuerzas políticas del país, que será la pista de arranque para cumplir lo prometido durante su campaña.

Simultáneamente, reactivará el proceso de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que Duque puso en el congelador durante cuatro años y presentará al Congreso un proyecto de reforma tributaria para poner en cintura a los más ricos del país, que disfrutan de exenciones millonarias de impuestos.

Y para tratar de aprovechar la gobernabilidad de la que goza, con una holgada mayoría tanto en Cámara como en Senado de 70%, deberá actuar rápido frente a otro tema polémico: el paso de la Policía —actualmente adscrita al Ministerio de Defensa— a una nueva cartera, la de Convivencia y Paz. Porque sabe que las alianzas son sólidas, pero no incondicionales, lo cual abre posibilidades de que afloren las primeras contradicciones políticas. Sin embargo, se da por descontado que el enfoque de sus primeras propuestas de cambio será respaldado por esas mayorías.

Otro tema que pondrá en juego a la coalición tiene que ver con las negociaciones con todos los actores de la guerra interna que vive Colombia, un entramado de procesos que ha bautizado como “Paz total”, y que incluye a la guerrilla de izquierda Ejército de Liberación Nacional, así como a paramilitares, narcotraficantes y a los dos grupos de disidencias de las FARC que se marginaron del acuerdo de 2016. Negociar, por ejemplo, con quienes han asesinado a 36 policías este año en un infame “Plan Pistola” está causando escozor, incluso entre algunos de quienes apoyan al nuevo gobierno. No será fácil convencerlos de apoyar esta iniciativa de pacificación.

Si Petro no logra avanzar con rapidez en el primer año de gobierno, se encontrará con tropiezos, pues la campaña para elecciones territoriales —alcaldías, gobernaciones, diputados regionales y concejales— coincidirá con su segundo año, y ya se sabe que la clase política no conoce de lealtades cuando de ganar el poder local se trata. Y son tantos los cambios sociales que ha prometido, que será riesgoso dejar para un mediano plazo temas como la reforma a la salud, la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, la creación de entidades para manejar la compra de las cosechas y el manejo de semillas, y la creación de condiciones para atacar de raíz el problema de los cultivos ilícitos, que tanto ha afectado a los territorios. Si el nuevo presidente no logra mantener las mayorías a su favor pasada la luna de miel las calles podrían, de nuevo, convertirse en escenarios de confrontación social debido a la frustración popular ante la imposibilidad de ver cumplidas sus promesas.

Este domingo 7 de agosto, con una celebración multitudinaria que congregará a más de 200,000 personas en el centro de Bogotá, Gustavo Petro recibirá la anhelada banda presidencial y comenzará a dirigir las grandes reformas estructurales y éticas que ofreció al país. El centro y la izquierda gobernarán a Colombia por primera vez en más de 200 años de vida republicana y del éxito de Petro dependerá la posibilidad de encontrar un sendero de paz y progreso para esta atribulada nación.

 

 

 The Washington Post