Opinión

Guatemala: ¿Oídos sordos ante la impunidad?

Guatemala, (Prensa Latina) La retirada de varios congresistas impidió la aprobación de una polémica reforma a la Ley de Reconciliación Nacional en Guatemala, pero su contenido sigue hoy sobre el tapete.
Los gritos de los manifestantes a las puertas del parlamento no impidieron ayer a la junta directiva tener todo arreglado para el avance en tercera lectura del texto, lo cual no sucedió por falta de quórum.

El abandono oportuno de la sede por parte de los bloques Convergencia, Encuentro por Guatemala, Winaq y Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca propició que el Frente de Convergencia Nacional-Nación volviera a quedarse con las ganas, aunque anunció que el debate solo se postergó para la semana entrante.

Los seguidores del partido gobernante se muestran sumamente interesados en aprobar la propuesta de amnistía para quienes hayan cometido cualquier delito, incluido genocidio, durante el enfrentamiento armado interno porque se les acaba el tiempo en un año electoral y de cambio de poderes.

Para ello intentan hacer ver a la opinión pública que solo buscan poner fin a los enfrentamientos, una visión compartida por su promotor, Fernando Linares, del Partido de Avanzada Nacional; y la junta directiva del Congreso de la República, encabezada por el expresidente Álvaro Arzú.

‘Lo que pretende esta ley es que se cumpla con la reconciliación. Terminar el enfrentamiento y que reine la paz en Guatemala’, declaró el congresista a la prensa.

Sin embargo, en un país tan polarizado y con tantas cuentas pendientes en el tema de rendición de cuentas y reparación de justicia, el análisis no es tan simple y apunta a intereses en juego por parte de la cúpula militar tras el poder.

Una reciente recopilación de casos elaborada por el medio digital Plaza Pública, confirma que de las 99 personas acusadas por la fiscalía por violación a los derechos humanos, 53 son expatrulleros de Autodefensa Civil o excomisionados militares.

De estos, 35 fueron sentenciados y varios permanecen prófugos de la justicia.

También se procesaron 44 oficiales del Ejército, entre tenientes, coroneles y algunos generales, sin embargo, solo 15 oficiales recibieron condenas, el de más alto rango, el general Benedicto Lucas García, jefe del Estado Mayor del Ejército a inicios de los 80.

Le hubiera seguido el general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado de facto (1982 a 1983), mas falleció mientras se realizaba el segundo juicio en su contra por el delito de genocidio del pueblo ixil y la masacre de 201 habitantes de la comunidad las Dos Erres, en el municipio de Las Cruces, en Petén.

De esas atrocidades y del sufrimiento de por vida para sus familias sí saben bien las miles de víctimas del conflicto armado que el pasado 25 de febrero se plantaron frente al Congreso para exigir dar marcha atrás a lo que consideran una puerta abierta a la total impunidad.

La llamada iniciativa 5377 en debate, enmendaría la actual Ley de Reconciliación, la cual excluye amnistía para crímenes internacionales como genocidio, tortura, desaparición forzada, ejecución extrajudicial y violencia sexual agravada, así como esclavitud sexual y doméstica.

De hecho, liberaría de inmediato a todos los oficiales militares (una mayoría) y líderes guerrilleros (uno) ya condenados, y eliminaría la posibilidad de investigaciones futuras sobre estos delitos.

Al rechazo nacional se sumaron en los últimos días congresistas norteamericanos; la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet; y Naciones Unidas, más el G-13 (grupo de cooperación internacional en este país).

Sin embargo, los promotores tienen oídos sordos. Linares calificó de globito la recomendación de archivar los cambios, al señalar que ‘solo requería, no ordenaba’, mientras Arzú afirmó que ninguna corte, nacional o internacional, puede limitar el derecho de los diputados a presentar iniciativas de ley.

La semana próxima, de no cambiar la postura ante las presiones, los diputados a favor de las enmiendas volverán a la carga en otra muestra de que no les importa poner en riesgo el frágil Estado de derecho, ni pisotear la memoria de las miles de víctimas que siguen aguardando justicia.

Fuente: Prensa Latina.