Según Miguel García, el Gobierno Nacional podría mantener los niveles de empleo juvenil si facilita las jubilaciones voluntarias.

 El presidente de la Federación de Servidores Públicos de Ecuador, Miguel García, afirmó en entrevista con Andes que las instituciones del Gobierno Nacional podrían liberar unas 25.000 plazas de trabajo si se agilitasen las jubilaciones.

¿Qué opina sobre la regularización de contratos provisionales y ocasionales?

Lo que tiene que hacer el Gobierno es regularizar a las personas que tienen funciones, que están ocupando puestos y que cumplen con los perfiles determinados para cada categoría ocupacional.

Los contratos ocasionales no pueden representar más del 20% de la nómina total. Aspiramos que se regularice a la mayor cantidad de funcionarios posible. Esto es preocupante porque existen 31.000 plazas para regularizar, pero hay 75.000 compañeros con contratos ocasionales y 70.000 con nombramientos provisionales.

Los concursos que concluirán el 31 de diciembre arrojarán que, en el mejor de los casos, 31.000 personas quedarían como permanentes.

No obstante, debido a la situación macroeconómica, la reducción de la masa salarial es inevitable.

Por eso se debe facilitar la salida de quienes quieren jubilarse voluntariamente. En este momento aquello no puede hacerse porque el Acuerdo Ministerial 094 está vigente. Allí se dice que solo pueden recibir la compensación establecida en la ley aquellos que se jubilan pero solo pueden recibirla quienes tengan más de 70 años de edad o enfermedades. En cambio, la Ley de Seguridad Social permite jubilarse con 60 años y 30 años de aportación.

Si se deroga ese Acuerdo, el Gobierno tendría unas 25.000 plazas de trabajo que podría utilizar para regularizar a quienes están irregulares o para eliminar partidas. Se conseguiría así una reducción significativa de la masa salarial.

¿Qué pasa con las personas con nombramientos provisionales que no se regularizaron al cumplir un año?

La Ley de Servicio Público establece que los nombramientos provisionales no tienen garantía de estabilidad y pueden ocupar partidas de quienes están en comisión de servicios, las partidas de quienes han sido sancionados y están impugnados hasta que se resuelva y se puedan ocupar las partidas vacantes.

Asumo que muchos de los 70.000 nombramientos provisionales están ocupando partidas vacantes. Sin embargo, estas vacantes dejarán de serlo porque saldrán a concurso de méritos.

En caso de despido, ¿qué ocurre a quienes tienen nombramientos provisionales?

Quienes tienen nombramientos provisionales o contratos de servicios ocasionales no tienen derecho a que se les indemnice. Se les liquida los porcentajes del décimo tercero y décimo cuarto sueldos y, si no las tomaron, las vacaciones.

¿Pueden reclamar antigüedad aquellas personas a las cuales no se les renovaron sus contratos o aquellas que tenían contratos provisionales?

No pueden. Lo que se podría reclamar es porque no se aplicó la norma interpretativa del artículo 58 que decía que, si transcurría un año y la persona continuaba en el mismo puesto, la institución requería ese puesto. Por tanto, la institución tenía que generar un pedido de partida y convocar a un concurso. Pero veo que las partidas que saldrán a concurso, no se les están asignando a ellos.

La opción es posibilitar que salgan quienes quieren irse voluntariamente. Así se generarían unas 25.000 plazas que podrían utilizarse para evitar el despido de 25.000 jóvenes. Mientras los viejos queremos irnos pero no nos dejan salir, los jóvenes quieren quedarse y les sacan. Es una incongruencia.

¿Cuánto dinero se necesitaría para financiar esas 25.000 jubilaciones?

Una indemnización se calcula tomando 5 salarios básicos y multiplicándolos por el número de años de servicio. Dado que el máximo total es 150 salarios básicos, cada indemnización podría bordear los USD 50.000. Podríamos acordar una forma de pago, diferir el pago o, inclusive, recibir bonos del Estado. Pero hay que encontrar la salida menos dolorosa para reducir el aparato estatal.

ANDES