El Gobierno de Daniel Noboa estableció 2027 como la fecha límite para que las Fuerzas Armadas dejen de custodiar los centros de rehabilitación social del país. La medida consta en el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, oficializado mediante el Decreto Ejecutivo No. 448.

Según el documento, hasta 2026 se impulsará una reforma integral del sistema penitenciario y la profesionalización del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, con el fin de que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) alcance la autosuficiencia institucional y asuma plenamente el control de las cárceles.

El plan también contempla la modernización de la infraestructura y la tecnología penitenciaria para reducir la influencia de las mafias y evitar que las prisiones continúen funcionando como centros de operación del crimen organizado.

 

 

 

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