Economía

Gobierno de Guillermo Lasso tenía un buen plan minero, pero no supo ejecutarlo bien

El decreto 151 fue un hito para el sector minero, pero el plan quedó a medias.

Fernando Benalcázar, exviceministro de minas durante el Gobierno de Lenín Moreno, considera que la administración de Guillermo Lasso comenzó bien su gestión del sector minero. Sin embargo, no se cumplieron medidas importantes incluidas en el decreto 151, lo que fue una de las causas del conflicto creciente con las comunidades indígenas.

Con una experiencia de más de 17 años en grandes proyectos petroleros a escala internacional, Benalcázar sostiene que en medio de las mesas de diálogo, el futuro del sector es incierto, y la responsabilidad del Gobierno está en desactivar las protestas, pero sin frenar la inversión privada y los nuevos proyectos.

P. ¿Cómo evalúa el manejo del sector minero durante el Gobierno de Guillermo Lasso?

Guillermo Lasso, en su primer año, fue transparente y dijo que iba a impulsar la minería responsable ambiental y socialmente. En el decreto 151 se decía qué hacer, cómo hacer y cuándo. Esa demostración del Presidente, como apoyo al sector minero, era sin precedentes en el Ecuador. Por eso, el país llegó al puesto 24 en el índice Fraser, que mide cómo nos ven como destino de inversión minera. Eso fue una gran noticia. En mi administración no llegamos a ser mejores de 57.

P. ¿Qué pasó para que ese plan claro no haya tenido apoyo y no se haya ejecutado?

Se falló terriblemente en comunicar, a pesar de que en el mismo decreto 151 se establecen lineamientos para eso. Los resultados se diluyen si no hay una política de Estado que le ponga en la agenda a la comunicación minera. Por ejemplo, cuando vivía en Colombia, en 1992 y 1993, las guerrillas se volaban parte del oleoducto petrolero todas las tardes. El Gobierno colombiano, en coordinación con Ecopetrol, tomó la decisión de concienciar a la gente de por qué volarse ese tubo era tan nocivo para la economía. Se salió con un programa a las 20:00, en hora pico de audiencia, donde se explicaba la importancia de la explotación petrolera, cuando no se producía ni 400.000 barriles diarios. Eso nunca se ha hecho aquí.

Aparte de la comunicación, ¿qué medidas no se aplicaron para prevenir el actual conflicto con el movimiento indígena?

No se ejecutaron cosas como la elaboración de la Ley de consulta previa, o la apertura del catastro minero. Por eso, en la disposición general única del decreto 468, que fue parte del acuerdo de paz con el movimiento indígena, se dispone la creación del proyecto de ley. Eso es un gravísimo error no solo del Ejecutivo, sino también de la Asamblea donde se debe aprobar esa normativa.

¿El decreto 468 era la mejor solución posible?

El decreto 468 se venía preparando hace muchas semanas. Es un documento de seis páginas y media. Seis páginas solo de considerandos. Sin embargo, se establecen cosas sumamente comprometedoras y contradictorias al 100% con el objetivo del decreto 151 que era incentivar la inversión privada. Creo que no se midieron las consecuencias para el sector. Cuando alguien dice en declaraciones públicas que en nada le afecta al sector minero y petrolero, creo que definitivamente no entiende, no sabe o lo ha politizado. Es una decisión política y punto.

¿Por qué se afectan los planes mineros y petroleros?

Se abre la prohibición de las actividades extractivas a territorios ancestrales y zonas arqueológicas. ¿En qué parte de la Constitución y las leyes del Ecuador se define que es un territorio ancestral? En ninguna parte. Es admirable pensar que en 90 días alguien va a poder resolver esto. A no ser que estén trabajando 24/7 y tengan equipos multidisciplinarios (sociólogos, científicos sociales, ingenieros), no sé cómo puedan llegar a definir qué es un territorio ancestral. No tenemos claro qué criterio va a primar, cómo lo van a hacer, qué sesgo tiene el que lo haga. El sesgo puede venir del grupo indígena. He oído declaraciones avezadas de que prácticamente casi todos los territorios son ancestrales. Eso no se resuelve en 90 días, solo la implementación puede demorar dos años. Otro punto conflictivo es que se dispone que excepcionalmente se podrán realizar actividades extractivas si existen acuerdos previos al decreto 468. Pero, en tales casos, se respetarán las decisiones de las comunidades locales. Esto es una caja de pandora y violenta la Constitución, donde se establece la consulta previa, pero incluso si la mayoría de la población está en contra, se deja la decisión final al Gobierno.

¿Se puede destrabar esta situación?

Ahí hay dos opciones, y en el 468 lo dejaron claro, o se suspende todo hasta que esto se defina; o se abre y se rompe el diálogo. No se sorprenda si un mes después de los 90 días estamos en otra paralización.

 ¿Qué pasa con las inversiones?

Están locos si creen que se va a invertir sin saber qué pasará en los 90 días. Yo no pongo un dólar en Ecuador en estas circunstancias.

¿Cree que la oposición radical a la minería se habría evitado si se invertían mejor los beneficios de esta actividad?

Mirador Fruta del Norte han contribuido con $450 millones al fisco y $985 millones en exportaciones solo durante el primer cuatrimestre de 2022. Es evidente el potencial de impacto económico que se tiene si se utilizaran bien los recursos. Dentro del acuerdo de paz se quiere revisar, con justa razón, el tema del manejo de los recursos provenientes del sector extractivo a través de la Secretaría Técnica de Circunscripción Amazónica. En la ley se establece que el 60% de las regalías mineras deben invertirse en las comunidades. Eso lo administra esa secretaría. Es ahí donde en nuestra gestión ya identificamos que el dinero no llega porque los GAD y las comunidades no están técnicamente capacitados para presentar proyectos que califiquen bajo los parámetros. Los controles son importantes porque si repartes millones a cada alcalde, sin ningún requisito, lo que pasa es que él y sus allegados se hacen ricos. Sin embargo, se necesita flexibilidad y capacitación para que el dinero fluya.

Hay puntos válidos en el reclamo indígena. Nadie puede decir que no. Se olvidaron de las comunidades. Tanto los dirigentes del movimiento indígena como los gobiernos de turno.

 

 

Diario La Hora