En este período de gobierno se entregaron 12.600 millones de dólares a los GAD, pero se ha constatado la falta de  generación de fuentes propias de ingreso.

El titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo de Ecuador (Senplades), Pabel Muñoz, instó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), municipales y parroquiales, a asumir sus competencias para reducir la pobreza y unirse al trabajo del gobierno central en esa tarea.

 “El reto de erradicar la pobreza es de toda la sociedad ecuatoriana y en esto necesitamos la corresponsabilidad de los GAD”, afirmó Muñoz al socializar en la provincia de Pichincha, la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza, un proceso iniciado en agosto pasado en conjunto con la Secretaría Técnica para la Erradicación de la Pobreza.

“Dada la madurez institucional del país y la aplicación cada vez más fuerte y seria de la Constitución de Montecristi (de 2008), debemos responsabilizarnos de nuestras competencias”, remarcó.

Enfatizó que la provisión de agua potable y alcantarillado es una de las tareas urgentes que debe ser ejercida en este nivel de gobierno y dijo que ello permitirá continuar bajando los niveles de pobreza, que alcanza el 25%, 12 puntos porcentuales menos que en 2007.

Indicó que existen las condiciones para eliminar ese flagelo, ya que el gobierno nacional ha mejorado los empleos y salarios (los más altos de la zona andina) y ha ampliado la cobertura de la seguridad social.

Muñoz explicó que existen programas gubernamentales de financiamiento para reducir la pobreza, como el acceso al Banco del Estado, con la ampliación de las condiciones de crédito y la ampliación del endeudamiento, de 7 a 15 años, además del subsidio parcial de los estudios para la inversión en el tema del agua y el saneamiento, dijo.

Refirió, además, la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial a cargo de los consejos de planificación locales.

Un informe de la Senplades muestra que el componente de agua potable y alcantarillado impacta en el 38% de la pobreza nacional por necesidades básicas insatisfechas y en el 64% de la extrema pobreza por la misma causa, por lo cual se considera la ampliación de estos servicios como una estrategia para reducir esos problemas.

Por otra parte, el secretario precisó que el acceso de la población rural a estos servicios es muy bajo, por lo que el «gran desafío» para el país es reducir las brechas existentes con respecto a las áreas urbanas.

Las estadísticas de 2013 señalan que las provincias con mayor cobertura de agua potable son Pichincha, Santa Elena y el Oro, y en contraste, las menos favorecidas son Chimborazo y Bolívar. (Andes/La Nación)