Opinión

Gobernado entre decretos

Comandante Raúl Hidalgo Zambrano/Guayaquil

El presidente de la República, Guillermo Lasso, promulgó el decreto ejecutivo 527, el 14 de agosto de 2022, declaró, una vez más, estado de excepción para los cantones de Guayaquil, Duran y Samborondón; y suspendió los derechos a la libertad de asociación y reunión, la inviolabilidad de domicilio, e inviolabilidad de correspondencia; demostrando que su real política en seguridad es gobernar entre decretos. Además, creó un órgano burocrático de seguridad para coordinar las estrategias entre el ministerio del Interior-Policía Nacional (PNE) y el ministerio de Defensa-Fuerzas Armadas (FF.AA.).

El decreto tiene 16 hojas, lo diferencia de los anteriores porque ha incrementado los antecedentes con justificaciones voluminosas de legalidad y las causas o acciones delincuenciales; así, el próximo decreto tendrá mayor número de hojas, por el aumento de la violencia que vivimos. Los decretos restringen o suspenden ciertos derechos ciudadanos, pero les ‘vale’ a los delincuentes porque siguen asesinando.

Siempre declara públicamente las máximas del buen ciudadano: que es demócrata, cumplidor de la constitución -garantista- y respetuoso al máximo de los derechos humanos DD.HH.) que emanan desde los organismos internacionales como la ONU y OEA. Pero resulta que los delincuentes, terroristas o infractores de la ley son incentivados e incrementan sus acciones; por lo menos ya no lo diga. Los DD.HH. son para los ciudadanos y no para delincuentes.

El decreto crea, otra vez, una “Fuerza de Tarea Conjunta”, compuesta por militares en apoyo a la policía; se le permite realizar inspecciones, registros y allanamientos a la propiedad privada, en busca de espacios o ‘caletas’ donde se podría hallar drogas, armas o explosivos; así como, establecer controles en espacios públicos y carreteras. Hay asambleístas que consideran que usar a las FF.AA. es inconstitucional y violatorio a los instrumentos internacionales. ¿Cuándo habrá unidad entre las funciones ejecutiva y legislativa para otorgar el marco legal para el uso de las FF.AA.?

No hay que olvidar que cuando las FF.AA. han sido usadas en seguridad pública para enfrentar el terrorismo y crimen, luego, sus elementos son perseguidos con procesos judiciales por supuestas ejecuciones extrajudiciales o violar cualquiera de los DD.HH., iniciados en base a informes de comisiones de la verdad, sesgadas, nombradas por el gobernante de turno enemigo político del que decretó su intervención.

No es posible que: se gobierne entre decretos de estados de excepción, ‘copia y pega’ de los anteriores, incrementados por las nuevas y horrorosas acciones terroristas y criminales; se gobierne entre prueba y error, jugando con la vida de los ciudadanos; el presidente de la República siga manifestando que es absolutamente respetuoso de los DD.HH., los delincuentes se fortalecen; las FF.AA. sigan siendo usadas sin amparo legal y sin establecer claramente cuál es su rol para enfrentar el narcotráfico, terrorismo y crimen; se siga incrementado la burocracia improvisada en el sector de la seguridad. ¡Señor presidente, asambleístas, jueces y fiscales no sigan permitiendo que el miedo y terror nos cobije y mate!