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Glas pide destitución de asambleísta M.E.G

El vicepresidente Jorge Glas afirmó que este caso tiene características penales y constituye “traición a la Patria y a nuestro proceso político y a Alianza PAIS”.

QUITO. Con un video donde se muestra cómo la legisladora de Alianza País, María Esperanza G., detenida el domingo en Quito, supuestamente “confesaba” que había recibido $800 mil de Walter T., otro de los investigados por un presunto caso de corrupción en la provincia de Esmeraldas. Además, la Policía también detuvo a Miguel S., exgerente de la Empresa de Agua Potable de esa provincia y también militante de Alianza País.

Según los datos que difundió el vicepresidente de la República, Jorge Glas, los recursos que recibió la asambleísta eran de una compañía que tenía contratos con la empresa municipal de esa ciudad. “Miguel S. entregó el dinero a María Esperanza G. a través de Walter T.”, dijo y pidió su expulsión del cargo en la Asamblea Nacional y de las filas de la agrupación política.

“Dentro de las investigaciones tendrán que indicarse de dónde provienen estos recursos que se habría entregado a la asambleísta (…) Todo lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, y se presume que la asambleísta habría solicitado este dinero tomándose el nombre del Vicepresidente de la República”, indicó Glas ayer en conferencia de prensa.

A su vez, el ejecutivo resaltó que “habrá cero tolerancia contra la corrupción, venga de donde venga”, al tiempo que reiteró el “compromiso” del gobierno nacional de investigar los hechos de corrupción. El vicepresidente calificó al hecho como “una traición a la patria y al proceso político de Alianza PAIS”.

Por su parte, Alexis Mera, asesor jurídico de la Presidencia, explicó que la legisladora está y es el juez quien “debe tomar una decisión sobre el tema de la inmunidad parlamentaria, ese es el criterio nuestro, ya dependerá de lo que diga el juez”, aseveró

Dicho delito está en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal que señala que “las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, sus agentes o dependientes oficiales que abusando de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Pero si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias o amenazas, será sancionado como pena privativa de libertad de cinco a siete años”

Mientras que en horas de la tarde, tanto el vicepresidente y Secretario Jurídico, acudieron a la audiencia de formulación de cargos contra asambleísta María Esperanza G. (DO/La Nación)